Aramayo afirmó que el DS 5676 responde, entre otros factores, a condiciones vinculadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), particularmente en materia de liberación de precios de los hidrocarburos.
La declaración adquiere relevancia porque el Gobierno había explicado la medida principalmente como una herramienta para reducir el contrabando, contener el desvío de combustible subsidiado y disminuir el costo fiscal de la subvención.
El decreto estableció un precio de Bs 18 por litro para determinados grandes consumidores, mientras mantiene Bs 9,80 para transportistas y particulares. La medida busca reducir la brecha entre el precio subsidiado interno y el costo real de los carburantes.
El FMI, por su parte, ha planteado para Bolivia la necesidad de corregir desequilibrios fiscales y externos y reducir distorsiones asociadas, entre otros factores, a los subsidios a los combustibles. El organismo anunció en julio un acuerdo técnico con Bolivia por aproximadamente US$1.900 millones, sujeto a la aprobación de su Directorio y al cumplimiento de las condiciones acordadas.
Sin embargo, existe una diferencia que resulta fundamental para el debate público: el FMI no ha publicado un documento que diga expresamente que Bolivia debía aprobar el DS 5676 ni que establezca específicamente el precio de Bs 18 por litro.
Por eso, la declaración de Aramayo abre una pregunta inevitable: ¿qué documento establece ese condicionamiento?
La transparencia de los acuerdos permitiría conocer si el DS 5676 constituye una acción previa para acceder al financiamiento, si forma parte de una meta del programa o si es una decisión del Gobierno para cumplir objetivos más amplios acordados con el organismo.
También permitiría saber qué otras medidas forman parte del programa y qué compromisos asumió Bolivia en materia fiscal, cambiaria, energética y de reducción de subsidios.
La discusión, por tanto, trasciende el precio del diésel. Si el Gobierno sostiene que existen condicionamientos del FMI detrás de una decisión económica de alto impacto, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son esos compromisos y qué medidas futuras podrían derivarse de ellos.
Lo que se dice en la calle no necesariamente cuestiona la necesidad de ordenar las cuentas públicas o revisar los subsidios. La pregunta es otra: ¿qué acordó Bolivia con el FMI y qué parte de ese acuerdo todavía no conocemos?
Por Equipo de redacción
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