El caso “maderas” ingresó en una zona particularmente sensible: Bolivia y Chile tienen investigaciones abiertas sobre el hallazgo de droga presuntamente impregnada en madera de origen boliviano. En Chile, la causa está bajo investigación de la Fiscalía de Arica, mientras en Bolivia también se activaron actuaciones para establecer responsabilidades.
Ahora, una comisión del Senado chileno llegará a Bolivia con el argumento de apoyar el esclarecimiento del caso y facilitar gestiones relacionadas con el acceso a las evidencias y a la información que se encuentra en Chile.
La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa el papel de las comisiones legislativas. El Senado boliviano también conformó una comisión especial para investigar el caso y anunció que sus conclusiones serán puestas en conocimiento del Ministerio Público.
Ahí aparece la pregunta central: si el informe legislativo finalmente debe ser entregado a los fiscales, ¿por qué no dejar la investigación penal directamente en manos de quienes tienen las facultades legales para realizar pericias, obtener evidencias, identificar responsables y promover una eventual acusación?
El Legislativo tiene atribuciones de fiscalización. Puede pedir informes, investigar la actuación de funcionarios públicos y establecer responsabilidades políticas o administrativas. Pero no reemplaza al Ministerio Público en la investigación de un presunto delito.
Además, una investigación penal requiere preservar la cadena de custodia, realizar pericias técnicas y garantizar que las evidencias puedan ser utilizadas posteriormente ante la Justicia. Una conclusión parlamentaria, por sí sola, no constituye una prueba judicial.
Por eso, más que cuestionar la presencia de legisladores chilenos o bolivianos, corresponde preguntarse si existe una adecuada coordinación entre las instituciones que realmente tienen competencia para investigar.
Si Bolivia necesita acceder a las maderas retenidas en Chile, obtener muestras o conocer los resultados de las pericias, el camino natural debería ser la cooperación entre fiscalías, policías, peritos y autoridades judiciales de ambos países.
La participación parlamentaria puede servir para abrir canales políticos o ejercer fiscalización. Pero el esclarecimiento de un posible delito no debería terminar dependiendo de una comisión política.
Portada composición digital referencial
Por Equipo de redacción
About Author
