Cochamanidis cuestionó que empresas privadas que están dispuestas a importar combustible continúen enfrentando trámites y autorizaciones que, según su denuncia, frenan el ingreso de carburantes al mercado boliviano.
El presidente del Comité pro Santa Cruz afirmó que existen más de 70 trámites pendientes y puso como ejemplo el caso de una empresa que tendría millones de litros de combustible almacenados en Palmasola, sin poder comercializarlos mientras espera la autorización correspondiente.
La denuncia plantea una contradicción que el Gobierno deberá explicar: si la importación privada fue habilitada como una alternativa para aliviar el abastecimiento, ¿por qué las empresas siguen encontrando obstáculos para concretarla?
El reclamo se produce además en medio de la polémica por el precio diferenciado del diésel para grandes consumidores y las restricciones al acceso al combustible subvencionado. Para Cochamanidis, la falta de una respuesta rápida puede terminar golpeando directamente al aparato productivo y a la provisión de alimentos.
El Comité pro Santa Cruz prepara una propuesta para plantear al presidente Rodrigo Paz una salida a la crisis de combustibles. La Asamblea de la Cruceñidad fue convocada para el 9 de septiembre, escenario en el que el sector cruceño definirá su posición y las acciones que asumirá.
El fondo del conflicto ya no parece ser únicamente cuánto cuesta el combustible, sino qué tan rápido puede llegar al mercado.
Por Equipo de redacción
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