La diferencia entre las autoridades y buena parte de la población no solo se mide en cifras, sino en las condiciones en las que cada uno enfrenta la economía.
Para una familia que depende de un salario ajustado, un incremento de precios puede significar dejar de comprar determinados alimentos, postergar una atención médica o recortar otros gastos esenciales. Para las autoridades departamentales, en cambio, la nueva escala salarial significará miles de bolivianos adicionales cada mes.
La decisión genera cuestionamientos en la calle porque quienes aprobaron la nueva estructura salarial son también algunos de los principales beneficiarios.
El gobernador llegará a Bs 18.500 mensuales, mientras los asambleístas departamentales recibirán Bs 18.000. Son remuneraciones que contrastan fuertemente con la realidad de trabajadores que deben sostener sus hogares con ingresos mucho menores y enfrentar, además, el encarecimiento del costo de vida.
El argumento puede ser técnico y presupuestario. Pero la pregunta es esencialmente política: ¿quién establece las prioridades del gasto público?
Porque el dinero no sale de un bolsillo ajeno: sale del presupuesto público, alimentado por los recursos del Estado y, en buena medida, por los impuestos que pagan los ciudadanos.
Mientras el pueblo ajusta el bolsillo, sus autoridades se ajustan el sueldo hacia arriba.
Por Equipo de redacción
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