El gabinete de ministros aprobó este lunes el decreto que solicita la ampliación del estado de excepción por otros 90 días. El documento deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde tendrá que ser considerado antes de que pueda extenderse la medida excepcional.
El Gobierno argumenta que persisten factores de riesgo para la estabilidad del país, entre ellos la posibilidad de nuevas movilizaciones y acciones que puedan afectar el orden público, el libre tránsito y la actividad económica. Autoridades del Ejecutivo y legisladores que respaldan la medida también han advertido sobre posibles intentos de desestabilización.
El argumento oficial marca una diferencia importante respecto al escenario que llevó a declarar inicialmente el estado de excepción. Aquella decisión estuvo vinculada a un periodo prolongado de bloqueos que provocó problemas de abastecimiento, dificultades para el transporte y fuertes pérdidas económicas. Ahora el Ejecutivo plantea una extensión preventiva frente a riesgos que, según sostiene, todavía estarían presentes.
La discusión pasa entonces del Gobierno a la Asamblea. Los legisladores tendrán que evaluar si existen elementos objetivos que justifiquen mantener durante otros tres meses un régimen excepcional y si la amenaza señalada por el Ejecutivo es suficientemente concreta, actual y grave.
El debate también toca un límite institucional: un estado de excepción no debería convertirse en una herramienta ordinaria para administrar el conflicto político o social. Su carácter extraordinario exige necesidad y proporcionalidad. Por eso, más allá de las mayorías políticas, la pregunta que deberá responder el Legislativo es sencilla: ¿qué amenaza concreta existe hoy y por qué el Estado no puede enfrentarla con sus atribuciones normales?
La respuesta será clave para medir si la ampliación constituye una medida preventiva necesaria o si Bolivia comienza a acostumbrarse a gobernar bajo excepcionalidad.
Por Equipo de redacción
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