En un caso que arrastra años de controversia, la Fiscalía no puede limitarse a invocar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para justificar su actuación. Debe explicar cómo esas recomendaciones se relacionan con los hechos investigados, qué elementos probatorios existen y cuáles son las responsabilidades que podrían atribuirse individualmente a los denunciados.
La proposición acusatoria fue presentada por Libre. Ese origen político no invalida la denuncia ni impide que se investiguen los hechos. Sin embargo, tampoco convierte sus argumentos en pruebas ni obliga al Ministerio Público a asumirlos sin una evaluación independiente.
Por eso, es necesario conocer si la Fiscalía complementó o ajustó la fundamentación de la denuncia, identificó elementos nuevos o verificó los antecedentes disponibles. Hasta que esa información sea pública, no corresponde afirmar que la actuación fue política, pero tampoco dar por demostrada la solidez técnica de la acusación.
El caso Las Américas exige esclarecer los hechos y determinar si hubo violaciones de derechos humanos, así como establecer las responsabilidades que correspondan. Esa obligación no puede convertirse en una herramienta para perseguir adversarios ni en un argumento para proteger a quienes ejercieron el poder.
También debe distinguirse entre admitir una proposición acusatoria y demostrar responsabilidad penal. Son etapas diferentes y cada una requiere cumplir las exigencias legales correspondientes, incluido el procedimiento especial aplicable a un eventual juicio de responsabilidades.
La credibilidad de la Fiscalía dependerá, en buena medida, de su capacidad para explicar qué evaluó, qué pruebas respaldan la acusación y por qué considera jurídicamente procedente avanzar. No basta con anunciar una decisión: hay que mostrar sus fundamentos.
Por Equipo de redacción
About Author
