El Gobierno y las gobernaciones acordaron cinco puntos en el marco de la agenda 50/50. El primero establece asignar el 1% de la coparticipación tributaria a los gobiernos autónomos departamentales, sin afectar los porcentajes correspondientes a municipios, autonomías indígenas y universidades públicas.
Sin embargo, el anuncio todavía no permite dimensionar el alcance económico de la medida. Falta conocer la base de cálculo, el monto efectivo que recibirán las gobernaciones y, sobre todo, de dónde saldrán los recursos.
Otro componente del acuerdo es incorporar el Régimen Agropecuario Unificado al dominio tributario departamental. La medida puede representar una oportunidad para regiones con una actividad agropecuaria de mayor escala, como Santa Cruz, pero su rendimiento no será necesariamente igual en los nueve departamentos.
Las estructuras productivas son diferentes. Por tanto, trasladar una competencia tributaria sin considerar esas diferencias podría generar ventajas para unos departamentos frente a otros. La autonomía fiscal también necesita mecanismos de compensación territorial.
El acuerdo contempla, además, evaluar recursos para cubrir el crecimiento vegetativo en salud y educación, realizar mejoras progresivas de la coparticipación según el desempeño económico del país e incorporar al sistema de impuestos coparticipables las alícuotas departamentales adicionales.
Pero hay una diferencia entre anunciar nuevas fuentes de ingresos y garantizar que sean suficientes para financiar las competencias de cada gobernación. Si las responsabilidades aumentan sin recursos adecuados, el resultado podría ser una mayor presión sobre las finanzas departamentales.
El cronograma establece que el Gobierno remitirá el anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales hasta el 3 de noviembre. Las gobernaciones tendrán hasta el día 4 para presentar observaciones y el Ejecutivo prevé enviar la propuesta a la Asamblea Legislativa el 6 de noviembre.
También se anunció un segundo anteproyecto para modificar la Ley 154, que regula la creación y modificación de impuestos de los gobiernos autónomos.
La discusión, por tanto, recién entra en una etapa decisiva. No basta con conocer los porcentajes: se necesita establecer cuánto recibe cada departamento, qué competencias debe financiar, qué ingresos podrá generar y cómo se corregirán las desigualdades entre regiones.
El 50/50 puede convertirse en una reforma de la estructura fiscal del Estado, pero todavía no hay elementos suficientes para determinar su impacto. Sin una fórmula transparente, proyecciones de recaudación y mecanismos de compensación, la promesa de distribuir mejor los recursos podría terminar reproduciendo o ampliando las diferencias territoriales.
Portada gentileza del gobernador Luis Revilla
Portada Equipo de redacción
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