La salida de Romer Saucedo de Bolivia, junto con su familia, y su decisión de declararse en el exilio generaron una reacción del Gobierno. Oviedo puso el foco en su cercanía con Roger Mariaca y sugirió que esa relación pudo influir en su decisión de abandonar el país.
«Probablemente por eso se haya puesto nervioso», expresó el ministro, aludiendo a la amistad y convivencia que, según afirmó, existía entre ambos en Sucre.
El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, fue todavía más lejos. Sostuvo que la salida de Saucedo también tenía relación con el caso Mariaca y afirmó que personas vinculadas al exfiscal estarían escapando para ponerse a buen recaudo.
Son declaraciones que merecen atención por la investidura de quienes las emiten. No es lo mismo que un ciudadano formule sospechas a que una autoridad del Ejecutivo sugiera vínculos con una presunta estructura delictiva. Las palabras de un ministro tienen peso institucional y pueden proyectar ante la opinión pública una conclusión que todavía no ha sido respaldada por una actuación judicial conocida.
Hay otro elemento que no debe pasar inadvertido. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, manifestó que la salida de Saucedo sorprendió al Gobierno y que no tenía conocimiento de investigaciones en su contra.
La diferencia entre ambas posiciones plantea una pregunta necesaria: ¿sobre qué información concreta se sustentan los señalamientos del Ministerio de Gobierno?
La separación de poderes no es un asunto protocolar ni una formalidad constitucional. El Ejecutivo no puede sustituir al Ministerio Público, anticipar conclusiones judiciales ni convertir relaciones personales en indicios concluyentes de culpabilidad.
Si existen elementos que comprometan a Saucedo o a cualquier otra exautoridad, corresponde ponerlos en conocimiento de las instancias competentes. Y si no existen, las declaraciones deben guardar la prudencia que exige el ejercicio de una función pública.
Bolivia necesita esclarecer posibles hechos de corrupción en sus instituciones judiciales, pero también necesita que ese esclarecimiento se produzca dentro de la ley. Combatir la impunidad no significa debilitar las garantías constitucionales ni utilizar la voz del Estado para instalar sospechas.
La institucionalidad se demuestra precisamente en estos momentos: cuando el Gobierno respeta las competencias de la Fiscalía y los tribunales, incluso cuando las personas involucradas generan controversia pública. La justicia debe hablar con pruebas, no con insinuaciones.
Por Equipo de redacción
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