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La Caja Nacional de Salud (CNS) apunta a incorporar a trabajadores del sector informal y tiene como primer objetivo acercarse a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari. La iniciativa busca ampliar la cobertura de la seguridad social, pero también pone sobre la mesa una deuda pendiente: mejorar la atención médica, garantizar medicamentos y evitar que los asegurados terminen pagando de su bolsillo por servicios que deberían recibir de su seguro.

El Banco Central de Bolivia (BCB) anunció que los bancos podrán realizar nuevas operaciones en dólares sin las restricciones anteriores y que comenzará a devolver los USD 438 millones que las entidades financieras mantenían en sus cuentas y depósitos de encaje. Es una señal de alivio para el sistema financiero, pero no significa que los ciudadanos puedan volver a retirar libremente sus ahorros en dólares cuando lo necesiten. En otras palabras, algo empieza a moverse, aunque la normalidad todavía no llega al bolsillo de la gente.

La certificación de reservas de gas presentada por YPFB encendió una alarma que Bolivia ya no puede mirar de reojo: el país tiene apenas 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas, un volumen que, al ritmo actual de producción y consumo, alcanzaría para unos cinco años. Frente a este panorama, Samuel Doria Medina plantea comenzar a pensar en suspender las exportaciones para preservar el recurso. Pero la discusión va más allá de cerrar la llave: el Gobierno de Rodrigo Paz debe demostrar qué capacidad de reacción tiene ante una emergencia energética que compromete el abastecimiento interno y los ingresos del país.

De compartir el poder durante 14 años a lanzarse reproches públicamente. Evo Morales llamó «cobarde» a Álvaro García Linera por haberse asilado en México, mientras él asegura que se quedará en Bolivia y «dará la cara». La antigua dupla presidencial, que también salió junta del país en 2019 rumbo a México, hoy exhibe una fractura política que tiene como telón de fondo el caso Hotel Las Américas. García Linera confirmó que obtuvo asilo, pero hasta ahora no respondió directamente al calificativo de su antiguo compañero de Gobierno.

El nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carlos Ortega Sivila, reconoció que Bolivia atraviesa una profunda crisis del sistema de administración de justicia. El diagnóstico ya no sorprende a nadie; lo que preocupa es que, mientras las autoridades admiten su deterioro, los ciudadanos siguen sin tener garantías suficientes de debido proceso, seguridad jurídica y una justicia imparcial. Reconocer que está mal ya no alcanza: es hora de cambiarla.

El fútbol boliviano entra en una nueva controversia institucional. La diputada Sofía Rocha, de Libre, denunció un presunto vínculo entre Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), y los exresponsables de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo de Justicia, Roger Mariaca y Romer Saucedo. La legisladora relaciona esas supuestas conexiones con posibles riesgos de lavado de dinero a través del proyecto de Ley de Incentivo al Deporte, aunque todavía no presentó públicamente los documentos que, según afirma, respaldan sus sospechas.

Siete años después de asumir la Presidencia de Bolivia, en medio de la crisis política de noviembre de 2019, Jeanine Áñez volvió a defender aquella decisión que marcó su vida política y personal. En un mensaje publicado este 12 de noviembre, la expresidenta sostiene que actuó de buena fe, reivindica su compromiso con la democracia y reconoce el alto precio personal que pagó. No hace un balance de su gestión ni entra en las controversias que rodearon su llegada al poder; apela al tiempo, la historia y la conciencia de los bolivianos para que pongan las cosas en su lugar.

La palabra presidencial tiene consecuencias más allá de un discurso. El analista Ramiro Calasich cuestionó las declaraciones de Rodrigo Paz en la COP31, en Turquía, y advirtió que su «incontinencia verbal» compromete la credibilidad internacional de Bolivia y degrada la investidura presidencial. Su revisión identifica cifras ambientales imprecisas, anuncios financieros sin suficiente detalle y afirmaciones que, según sostiene, no resisten el contraste documental.

La austeridad también puede viajar en avión. El presidente Rodrigo Paz y el ministro Fernando Aramayo compartieron una selfie desde la clase turista, durante el tramo Estambul-Antalya, rumbo a la COP31. Esta vez, la política exterior boliviana también tiene una postal de sencillez.

La denuncia sobre dos vuelos privados que habrían trasladado a Romer Saucedo y Carlos Spencer a Trinidad, el 9 de enero, abre una interrogante más delicada que el costo del viaje: Charles Mejía sospecha que una de las aeronaves podría pertenecer a Sebastián Marset. Otra versión apunta a Emilio José Arredondo, representante distrital del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz. Spencer niega haber viajado en un chárter y anunció que solicitará información sobre su traslado.