El Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo público el calendario para los comicios de 2020. Dispuso que el inicio de la campaña electoral será el 24 de julio y se extenderá hasta el 3 de septiembre, tres días antes de las justas.
De acuerdo con el cronograma, la difusión de propaganda electoral comenzará con actos públicos, mientras que la difusión en medios de comunicación autorizados será del 7 de agostos al 3 de septiembre.
Los comicios se realizarán el domingo 6 de septiembre, jornada en la que también se instalará la sala plena para el cómputo de los votos y se comenzará a entregar los resultados preliminares.
Queda abierta la posibilidad de que algunas mesas sean observadas y anuladas. La repetición de los votos en estas se cumplirá el 20 de septiembre. Ese mismo día se cumplirá con el cómputo y entrega de los resultados.
En caso de ser necesaria la segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que esta será el 18 de octubre. El voto en las mesas anuladas será el 1 de noviembre.
En cuanto a los jurados electorales, se prevé que la capacitación de estos se hará de forma presencial, con hasta 12 personas en una sala previamente desinfectada y por la vía virtual para evitar las aglomeraciones y posibles contagios de Covid-19. Podrán presentar sus excusas del 10 al 16 de agosto.
Compromiso con el pueblo boliviano
En conferencia de prensa el presidente del Tribunal Electoral, Salvador Romero, dijo que en el contexto sociopolítico más complejo de una elección en la de Bolivia, la institución ha asumido plenamente su responsabilidad de conducir el proceso electoral con imparcialidad, apegado a la ley, con seriedad técnica y en la búsqueda permanente de los consensos que lo fortalezcan y le amplíen la base de legitimidad.
En ese sentido, el jueves 25 de junio, aprobó la Resolución que permite la reanudación del calendario electoral rumbo a la jornada de votación de domingo 6 de septiembre. Fue la culminación de una amplia y prolongada concertación, que tuvo una etapa en marzo y otra en mayo. Incluyó la consulta con todas las fuerzas políticas participantes y exigió la coordinación de los Poderes del Estado sin la cual un proceso electoral se hallaría vulnerable.
En efecto, ese acuerdo se plasmó en el proyecto de ley que el Tribunal Supremo Electoral presentó a la Asamblea Legislativa, donde fue aprobado, y finalmente fue promulgado por el Poder Ejecutivo.
Esa cadena que llevó a una decisión con la participación de tantos actores políticos e institucionales es importante para señalar al país la unidad de propósito alrededor de la convicción de que los derechos vinculados con la protección de la salud y el ejercicio de los derechos políticos pueden y deben avanzar de manera simultánea porque son compatibles y no antagónicos,y que, más allá de los retos significativos, se puede celebrar una elección con los resguardos suficientes para precautelar la salud pública.
El Tribunal Supremo Electoral se ha convertido hoy en el mayor, sino el único, espacio permanente para que las fuerzas políticas que compiten en la elección general 2020 dialoguen, a veces discrepen, lo que es normal y legítimo en democracia, y también encuentren puntos de convergencia para la definición de las reglas de juego, lo que es indispensable para la convivencia pacífica de la sociedad.
El organismo electoral nuevamente ha creado y tendido líneas de comunicación para escuchar la voz de las candidaturas y de la sociedad civil en la búsqueda de acuerdos alrededor de temas importantes. En ese sentido, recogiendo la opinión mayoritaria, propone que, por única vez, es decir solo para la elección 2020, se deje sin efecto los artículos de la Ley de Organizaciones Políticas que contemplan la distribución de recursos públicos para que las candidaturas contraten propaganda en medios masivos de comunicación.
Se trata de una situación extraordinaria, porque extraordinarios son estos tiempos, marcados por un muy grave deterioro de las variables económicas como consecuencia de los efectos de la pandemia del Coronavirus. Es una hora que exige desprendimiento y sacrificios.
Así lo ha entendido el Tribunal Supremo Electoral que, en cualquier otra circunstancia, hubiera insistido en la importancia, la necesidad y los beneficios de conservar el Fortalecimiento Público a los partidos, es decir una subvención a las candidaturas para que puedan exponer sus propuestas e ideas a través de los medios. Esa disposición representa
un elemento muy valioso para generar mejores condiciones de competencia, promover la equidad, apuntalar el debate, es decir, construir cimientos más sólidos de la democracia.
Así también lo han comprendido las organizaciones políticas que han expresado de manera masiva su predisposición para resignar esos recursos, alrededor de 35 millones de bolivianos. El gesto debe ser reconocido y valorado por la sociedad. Esa renuncia permite liberar fondos para atender otras necesidades.
El Tribunal Supremo Electoral recomienda que esos recursos queden definitivamente consolidados dentro del presupuesto electoral, en la medida que ya están previstos, contemplados y aprobados. Hacen parte del presupuesto que se validó a principios de año, por un total de 201 millones.
En esa circunstancia, el Órgano Electoral requeriría únicamente un adicional de 14 millones de bolivianos para cubrir el conjunto de los requerimientos para llevar adelante un proceso electoral seguro desde el punto de vista de la salud para todos los actores que intervengan en las tareas preparatorias y en la misma jornada de votación.
En efecto, ese presupuesto adicional servirá para apuntalar todas las medidas para precautelar la salud, que constituye una prioridad para el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales. Permitirá la adquisición de material de protección para los jurados y también llevar delante de mejor manera las acciones de distanciamiento social en todas las etapas: el manejo del material electoral, la capacitación de jurados, la jornada de votación. Todas estas medidas quedarán plasmadas en los protocolos de seguridad que se construyen con expertos y que pasarán por la evaluación de comités especializados.
Incluso una vez efectuados estos ajustes y adiciones al presupuesto, el costo global de la elección 2020 ascenderá a 215 millones de bolivianos, por lo tanto, permanecería inferior al de la elección de 2019, en aproximadamente 12%. El Órgano Electoral exhorta nuevamente a que este presupuesto sea aprobado en los términos que sea remitido pues ha sido fruto de un análisis minucioso que ha privilegiado la protección de la salud.
Se conseguiría, de esta manera, un punto de equilibrio satisfactorio entre la necesidad de actuar con razonabilidad, preservando la economía estatal en un momento delicado, y a la vez ofreciendo la mayor protección sanitaria posible a la ciudadanía durante el proceso electoral. Se corroboraría la posibilidad de llevar adelante una prueba fundamental para la democracia y la protección de la salud pública.
Esta decisión permite que se destinen recursos para atender distintas y apremiantes necesidades de salud sin poner en riesgo un proceso electoral indispensable para el futuro democrático de Bolivia. Con este nuevo acuerdo, el Tribunal Supremo Electoral reitera su convicción que la democracia se construye lejos de la estridencia, y más bien se fortalece con el diálogo, con concesiones recíprocas de los actores, con buena voluntad, con el énfasis en los valores que nos unen, en la permanente búsqueda del bien común en el marco de las leyes.
Con información del TSE
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