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Gobierno de Bolivia Fija Postura Firme en Caso de Evo Morales: Ministro de Justicia y Presidente Arce Exigen Revisión Judicial

El Ministro de Justicia, César Siles, anunció que solicitará al Tribunal Constitucional Plurinacional la revocación de la reciente anulación de la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, mientras se investiga a la jueza Lilian Moreno por presunto favorecimiento a Morales. El presidente Luis Arce también se pronunció, enfatizando que el Gobierno no permitirá que un caso tan delicado sea utilizado políticamente y solicitó que se declare en reserva. La situación ha generado gran controversia y preocupación en el país por las graves acusaciones de estupro y trata de personas contra el exmandatario.

La Paz, 3 de octubre de 2024 – El Ministro de Justicia, César Siles, ha fijado una postura firme en el controvertido caso del expresidente Evo Morales, tras la reciente anulación de su orden de aprehensión por parte de una jueza en Santa Cruz. En una conferencia de prensa, Siles anunció que solicitará al Tribunal Constitucional Plurinacional la revocación de esta decisión judicial y la investigación de la jueza Lilian Moreno por presuntamente favorecer a Morales.

La controversia se originó cuando la Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Morales, quien enfrenta graves acusaciones de estupro y trata de personas. Según las investigaciones, Morales mantuvo una relación con una menor de 15 años en 2015, relación que resultó en el nacimiento de una niña que lleva su apellido. La denuncia sostiene que los padres de la menor se beneficiaron con cargos y viajes a raíz de esta situación.

A pesar de la gravedad del caso, un recurso de acción de libertad presentado por los abogados del exmandatario logró anular la orden de aprehensión. Siles, quien anteriormente se desempeñó como Procurador General del Estado, expresó su rechazo ante esta decisión judicial y subrayó la importancia de proteger a la menor involucrada. Además, el Ministerio de Justicia ha decidido sumarse a la denuncia a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi).

La Fiscalía General del Estado ha conformado una comisión especial para investigar el caso y ha desmentido las afirmaciones de Sandra Gutiérrez, exfiscal departamental de Tarija, quien alegó que se había ordenado paralizar las investigaciones. El fiscal general Juan Lanchipa aseguró que nunca se emitió tal instrucción y atribuyó la anulación de la aprehensión a una decisión judicial.

El presidente Luis Arce también se pronunció sobre el tema, enfatizando que el Gobierno no permitirá que un caso tan delicado sea utilizado políticamente y solicitó que sea declarado en reserva.

La situación continúa generando indignación en diversos sectores sociales, y el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas ha sido convocado para abordar este delicado asunto.

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