La inclusión de una disposición adicional en el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que autoriza a las entidades competentes a realizar acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos para evitar el encarecimiento de alimentos, ha generado un fuerte rechazo entre las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras de Bolivia.
Los empresarios denuncian que esta medida vulnera derechos fundamentales y podría propiciar arbitrariedades y extorsiones, mientras que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, defiende la iniciativa como una herramienta necesaria contra la especulación y el agio.
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