En medio de una creciente controversia, los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han roto su silencio para defender su continuidad en el cargo. Argumentan que su prórroga es esencial para evitar un vacío legal y garantizar la estabilidad del servicio judicial. Según los magistrados, cualquier intento de anular su prórroga sería inconstitucional, y han destacado que sus decisiones son vinculantes y de cumplimiento obligatorio para todos los órganos del Estado. Esta postura ha generado un intenso debate sobre la legitimidad y la independencia del TCP.
Las críticas hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se han intensificado, ya que no cumplió con los plazos establecidos para la convocatoria de las Elecciones Judiciales. Los magistrados del TCP han señalado que la ALP no sancionó una ley que garantice los derechos constitucionales de los ciudadanos y de los candidatos, lo que ha generado tensiones y acusaciones de intereses políticos. Además, se han denunciado irregularidades en el proceso de selección de candidatos, aumentando la desconfianza en el proceso electoral.
La baja calificación de méritos en el proceso de selección de magistrados ha sido otro tema polémico. Muchos postulantes obtuvieron puntuaciones bajas, lo que ha generado preocupación sobre la calidad de los candidatos. En algunos departamentos, más de la mitad de los candidatos obtuvieron puntuaciones por debajo de 50 puntos, lo que podría llevar a una falta de candidatos suficientes. A pesar de estas bajas calificaciones, algunos legisladores aseguran que aún hay suficientes candidatos que cumplen con los requisitos mínimos para avanzar a la siguiente etapa del proceso.
En medio de estas polémicas y discusiones, el pueblo boliviano se prepara para acudir a las urnas el próximo domingo. Sin embargo, muchos ciudadanos se sienten desinformados sobre las competencias de los candidatos, lo que agrava la incertidumbre y desconfianza en el proceso electoral. La falta de información adecuada sobre los postulantes y las controversias en torno a la prórroga de los magistrados y la inacción de la ALP han dejado a los votantes en una situación complicada, sin las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas.
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