La calificación de riesgo país de Bolivia, recientemente rebajada por agencias internacionales, pone en evidencia los desafíos económicos del gobierno de Luis Arce. Según el Ministerio de Economía, esta evaluación no refleja la resiliencia del país, argumentando que los retrasos en la aprobación de créditos internacionales han limitado los recursos necesarios para enfrentar la crisis.
El ministerio señala que Bolivia demostró resultados sólidos, prueba de ello es que, a pesar de las adversidades, la economía boliviana creció un 3,1% en 2023 y un 2,6% al segundo trimestre de 2024. Además, alcanzó una tasa de desempleo históricamente baja del 3,4% a junio de 2024.
Sin embargo, estas justificaciones han sido duramente criticadas por economistas como Gonzalo Chávez, quien advierte que la deuda real del país supera el 70% del PIB, considerando obligaciones como las deudas con la Gestora y otras.
Chávez también señala que el gobierno subestima los problemas estructurales de la economía. Propone medidas urgentes, como el cobro de impuestos a sectores históricamente privilegiados, entre ellos la minería, el comercio de coca y los comerciantes mayoristas mimetizados en el Régimen Simplificado. A esto se suma la necesidad de reducir el gasto público.
Este escenario plantea un dilema crítico: mientras el gobierno busca minimizar las alarmas internacionales, los economistas insisten en que la solución requiere un cambio estructural profundo. Bolivia se encuentra en un punto de inflexión donde las decisiones económicas definirán no solo su estabilidad financiera, sino también su credibilidad frente a la comunidad internacional.
Redacción central y agencias
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