El escándalo de corrupción en Derechos Reales de Santa Cruz ha destapado una serie de irregularidades que involucran a altos funcionarios del sistema registral. El juez registrador Juan Miguel V. fue enviado a la cárcel con detención preventiva por 90 días, mientras que las inscriptoras Sara M. y Carmiña J. cumplirán 30 días de reclusión. En tanto, Nadia D., también acusada en el caso, recibió arraigo domiciliario debido a su delicado estado de salud, lo que le impidió asistir presencialmente a la audiencia de medidas cautelares que se extendió por casi ocho horas.
El Ministerio Público sostiene que los acusados incurrieron en los delitos de peculado, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito, al manipular el sistema informático de Derechos Reales para favorecer a terceros con la liberación irregular de documentos. La Fiscalía, representada por Alexander Mendoza, expresó su desacuerdo con los plazos de detención preventiva, argumentando que el riesgo de fuga y obstaculización del proceso ameritaba una medida más severa. En ese sentido, anunció que apelará la decisión judicial con el objetivo de lograr una prisión preventiva más prolongada.
Este caso ha puesto en evidencia la falta de mecanismos efectivos de control y transparencia en Derechos Reales, no solo en Santa Cruz, sino en otros distritos del país. Según fuentes vinculadas a la investigación, existen más indicios de corrupción en el sistema registral, lo que sugiere que este desfalco podría ser solo la punta del iceberg. La preocupación de la ciudadanía y las instituciones de justicia ahora se centra en esclarecer el alcance de la red de corrupción y garantizar que se tomen medidas estructurales para evitar que hechos similares se repitan en el futuro.
Redacción central y agencias
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