A pesar de los esfuerzos regulatorios en Bolivia para controlar los juegos de azar, la presencia de actividades ilegales persiste. La Ley 060 de Juegos de Azar y Lotería, estableció una normativa estricta que, aunque busca regular el sector, ha terminado por restringir la actividad a una sola empresa autorizada debido a los altos impuestos que desincentivan la inversión. A pesar de los intentos de modificar la legislación, como una sentencia constitucional que ordenó la revisión de los impuestos, la falta de cambios ha mantenido una estructura que favorece el juego ilegal y expone a los jugadores a riesgos.
Desde la promulgación de la Ley 060, el número de empresas legalmente establecidas ha sido reducido a una sola, mientras que las operaciones clandestinas siguen proliferando. En 2011, el promedio de decomisos anuales de máquinas de juego fue de aproximadamente 3.000, pero en 2024 se reportaron solo 211, lo que refleja una disminución en las incautaciones sin que necesariamente haya un descenso en la actividad ilegal. Este descenso podría explicarse por una mayor sofisticación de las redes informales o por la limitación de recursos para la fiscalización. Sin embargo, esta disminución no garantiza que el juego ilegal haya sido erradicado, y el vacío creado por una regulación desincentivadora sigue favoreciendo la competencia desleal.
Uno de los problemas clave de la Ley 060 y su marco impositivo es que no solo ha hecho inviable la operación de nuevas empresas legales, sino que también ha generado un mercado paralelo difícil de controlar. La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), aunque realiza decomisos de máquinas, no aborda otros aspectos fundamentales como la protección de los jugadores vulnerables a la ludopatía ni las evasiones fiscales de los operadores ilegales. Expertos sugieren que, para crear un entorno más seguro y transparente, se deben realizar ajustes en la normativa fiscal que permitan la viabilidad económica del sector y, al mismo tiempo, faciliten la recaudación de impuestos para el Estado. De lo contrario, las actividades ilegales seguirán creciendo, a la vez que el sector legal continúa debilitado.
Redacción central
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