La llegada de Stello Cochamanidis a la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz marca el inicio de una etapa que promete ser agitada, con un fuerte énfasis en la movilización social y la defensa de la autonomía regional. Su liderazgo ha sido recibido con expectativas de una postura más firme frente al Gobierno central, especialmente en temas como la descentralización, la gestión de recursos y la liberación de lo que el Comité denomina «presos políticos». El retorno a las calles, anunciado como una de las primeras medidas de esta nueva gestión, sugiere que la confrontación con el Ejecutivo será un factor clave en la agenda del movimiento cívico.
Sin embargo, el Comité también enfrenta un desafío interno significativo: la unidad y representatividad de sus distintos sectores. La gestión anterior, liderada por Fernando Larach, ha sido duramente criticada por algunos actores del movimiento, en particular por Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador cruceño, quien la calificó de «entregada al MAS». Estas acusaciones han profundizado las divisiones dentro del Comité, poniendo en duda su capacidad de articular una estrategia común frente al Gobierno y otros actores políticos. Larach, por su parte, ha rechazado estos señalamientos y ha exigido pruebas de los supuestos pactos, lo que deja abierta una pugna que podría debilitar la cohesión del bloque cívico.
El escenario político en el que se desenvolverá el nuevo Comité Cívico es complejo y estará marcado por la relación con el Gobierno nacional, que históricamente ha sido tensa. La capacidad de Cochamanidis para gestionar estos conflictos y proyectar una agenda clara determinará el impacto de su liderazgo. A ello se suma el reto de mantener el respaldo de diversos sectores cruceños, desde empresarios hasta organizaciones sociales, en un contexto en el que la confrontación con el poder central puede traer tanto riesgos como oportunidades.
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