El Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz cerró una intensa audiencia del juicio por el caso Golpe I, dejando en suspenso su reanudación para mañana, 27 de febrero. Luis Fernando Camacho, trasladado desde el penal de Chonchocoro, y Marco Pumari, desde San Pedro, comparecieron bajo estrictas medidas de seguridad en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia. Ambos son acusados por su presunta participación en los hechos que desembocaron en la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019, un episodio que continúa dividiendo al país.
Durante la jornada, la defensa de Camacho, encabezada por Martín Camacho, intentó invalidar varias pruebas del Ministerio de Gobierno, alegando irregularidades procesales. La Procuraduría General del Estado, sin embargo, defendió con firmeza la validez de dichas evidencias, calificándolas de «contundentes» y esenciales para judicializar el caso. Este choque procesal no solo expone la complejidad del juicio, sino también la intensa disputa sobre la legitimidad de las pruebas que podrían definir el destino de los acusados.
Más allá del ámbito jurídico, las declaraciones de los implicados añadieron un tono político a la audiencia. En un mensaje dirigido a Santa Cruz en el aniversario de su fundación, Camacho expresó: «Ya vamos a estar pronto allá», evidenciando optimismo pese a la gravedad del proceso. Por su parte, Pumari volvió a poner sobre la mesa la polémica «lucha por el litio», un tema que continúa siendo eje del debate sobre los intereses económicos y geopolíticos detrás de la crisis de 2019.
El juicio ha enfrentado numerosas suspensiones, alimentando acusaciones cruzadas. Sectores afines a Camacho y Pumari denuncian una persecución política, mientras que los demandantes insisten en la necesidad de hacer justicia frente a lo que consideran una ruptura del orden constitucional.
La jornada de mañana se perfila como un punto de inflexión. ¿Será un avance decisivo hacia una sentencia que marque un precedente judicial en Bolivia o un nuevo capítulo en la prolongada polarización política del país? La respuesta podría redefinir no solo el futuro político de los acusados, sino también la narrativa oficial sobre uno de los periodos más convulsos de la historia reciente boliviana.
Redacción central y agencias
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