La economía boliviana atraviesa uno de sus momentos más delicados en las últimas dos décadas. La reciente admisión del presidente Luis Arce sobre la insuficiencia de las fuentes de financiamiento refleja la gravedad del problema: Bolivia no cuenta con los recursos necesarios para cubrir dos obligaciones críticas y simultáneas: el pago de la deuda externa y la importación de combustibles.
Este escenario se complica aún más por el bloqueo legislativo que impide la aprobación de créditos externos. Estos recursos, estimados en más de 800 millones de dólares, habrían permitido al Estado aliviar la presión fiscal y garantizar el suministro de combustibles sin comprometer las reservas internacionales, que actualmente rondan los 340 millones de dólares, su nivel más bajo en más de una década. Sin estos créditos, el gobierno se ve forzado a maniobrar con recursos limitados, lo que incrementa el riesgo de un colapso financiero a corto plazo.
Otro factor determinante es el elevado costo de la subvención a los hidrocarburos. Bolivia importa más del 80% del diésel que consume y mantiene un precio artificialmente bajo del combustible para la población: el litro de gasolina se vende a un precio reducido gracias a la subvención estatal. Sin este subsidio, el precio real alcanzaría los Bs 12 por litro, lo que generaría un impacto inflacionario devastador y profundizaría las tensiones sociales.
Esta subvención, que durante años fue sostenible gracias a los ingresos por exportación de gas natural, hoy representa una carga insostenible. La drástica caída en la producción hidrocarburífera —resultado de la falta de inversiones y exploración— ha convertido a Bolivia en un importador neto de combustibles, incrementando el costo fiscal y reduciendo el margen de maniobra del gobierno.
La disputa interna del Movimiento al Socialismo (MAS) añade una capa de complejidad. El enfrentamiento entre el ala «arcista» y el bloque «evista» liderado por Evo Morales ha paralizado el proceso legislativo, impidiendo la aprobación de los créditos externos que podrían servir como un respiro financiero. Arce acusa a esta parálisis de agravar la escasez de combustible, mientras sectores sociales, transportistas y empresarios esperan soluciones reales.
La inflación, que en 2024 alcanzó el 8,8%, la más alta en 16 años, refleja el deterioro económico. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo —que triplica el valor oficial— genera incertidumbre y fomenta prácticas especulativas. Todo esto en un contexto donde el gobierno, reacio a acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), contempla como última opción el uso de las 22 toneladas de oro en reservas, una medida que muchos economistas consideran riesgosa.
Expertos como Gonzalo Chávez advierten que el modelo económico basado en el gas está agotado. La diversificación productiva se presenta como la única salida sostenible, pero es una estrategia de mediano y largo plazo, incompatible con la urgencia de la crisis actual. Arce apuesta a reactivar la exploración de hidrocarburos para 2025, aunque la viabilidad y los tiempos juegan en su contra.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la pregunta clave es si el presidente logrará estabilizar la economía sin recurrir a medidas impopulares. La credibilidad del denominado “arquitecto del milagro económico” está en juego. La combinación de presiones financieras, subsidios insostenibles, conflictos políticos y falta de financiamiento externo amenaza con llevar al país a un punto de inflexión donde el costo del ajuste recaería sobre la población.
Redaccion central y DTV
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