La sesión convocada por el presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, no pudo instalarse este jueves debido a la inasistencia de 18 senadores, en su mayoría del ala “evista” del MAS y de la oposición. La falta de quórum impidió tratar el crédito de $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), un financiamiento crucial para garantizar las elecciones generales de 2025, incluyendo el voto en el exterior y el sistema de transmisión de resultados preliminares.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, advirtió que con esta postergación se está incumpliendo el acuerdo alcanzado en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, promovido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde las fuerzas políticas se comprometieron a aprobar este crédito. La declaración de ese encuentro instaba al Legislativo a viabilizar el financiamiento, que cuenta con condiciones favorables: un plazo de 15 años y una tasa de interés mínima del 0,01% anual.
El contrato de préstamo fue firmado en marzo de 2023 y aprobado en Diputados casi un año después, el 4 de marzo de 2024. Sin embargo, en la Cámara de Senadores ha encontrado obstáculos persistentes. Aunque el 15 de abril fue aprobado en la Comisión de Planificación, nunca se agendó su debate en el pleno, lo que llevó a su inclusión en la sesión general de la Asamblea, ahora frustrada.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, es señalado como una de las principales figuras detrás de la parálisis legislativa. Su ausencia, junto con la de otros legisladores de su línea y de la oposición, refleja el bloqueo político que enfrenta el crédito. Choquehuanca anunció que revisará las licencias de los senadores ausentes y, en caso de incumplimientos, aplicará sanciones conforme al reglamento.
A pesar de este nuevo impasse, el Gobierno insiste en que se mantendrá el tratamiento del crédito. Cusicanqui recordó que el más reciente «Encuentro por la estabilidad y la democracia», impulsado por el Ejecutivo, ratificó los compromisos asumidos en el evento organizado por el TSE. Sin embargo, la incertidumbre persiste. Mientras el tiempo avanza, el financiamiento electoral sigue en el limbo, con el riesgo de afectar el desarrollo del proceso democrático en 2025.
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