La crisis del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, agravada por la autoprórroga de cinco magistrados desde 2023, sigue sin resolverse plenamente pese a la reciente posesión de nuevos miembros en enero de 2025. Para el expresidente y jurista Eduardo Rodríguez Veltzé, esta situación no solo es nula por su razonamiento «ilícito y oportunista», sino también inaplicable, al contravenir principios constitucionales como la separación e independencia de poderes. Él advierte que la concentración de funciones —como permitir que el Vicepresidente presida simultáneamente el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa— distorsiona el sistema democrático, un argumento que pone en tela de juicio la legitimidad de los autoprorrogados.
En este contexto, la renuncia voluntaria de estos magistrados emerge como una salida ética y práctica. Su permanencia, justificada inicialmente para evitar un vacío institucional, pierde sentido con cuatro nuevos magistrados electos por el pueblo ya en funciones. El TCP podría operar, aunque no en su totalidad, mientras se resuelven los cargos pendientes. Sin embargo, la coexistencia de autoridades prorrogadas con las legítimamente electas genera tensiones internas y socava la credibilidad de sus fallos, como han denunciado los propios magistrados recién posesionados al impugnar decisiones tomadas sin su participación.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), responsable de garantizar la renovación completa del tribunal, sigue atrapada en su parálisis política, incapaz de completar los nueve cargos que la Constitución exige. Ante esta inacción, la renuncia de los autoprorrogados se perfila como un acto de responsabilidad que desbloquearía el impasse. Como sostiene Rodríguez Veltzé, la CPE no admite que las funciones de los órganos públicos se reúnan en un solo ente ni sean delegables, y prolongar esta anomalía solo erosiona aún más la confianza en el sistema judicial.
Renunciar implicaría para estos magistrados aceptar que su rol transitorio ha concluido y que aferrarse al cargo, amparados en la controvertida Declaración Constitucional 049/2023, contradice los principios democráticos que juraron defender. Sería un gesto que devolvería al TCP parte de su autoridad moral, permitiendo que funcione exclusivamente con magistrados cuya legitimidad no está en duda y abriendo la puerta a una eventual convocatoria para completar su composición.
La pelota está en su tejado. Mientras la ALP permanezca inerte, la renuncia de los autoprorrogados, en línea con la crítica de Rodríguez Veltzé, podría ser el paso ético que Bolivia necesita para empezar a sanar una de sus instituciones más golpeadas. La pregunta es si la presión pública y el peso de la razón serán suficientes para impulsarlos a actuar.
Redacción central análisis
About Author
