En el primer trimestre de 2025, Bolivia registró una inflación acumulada del 5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un indicador que ya representa el 67% de la meta anual proyectada por el gobierno (7,5%). Este aumento, impulsado principalmente por el alza en los precios de alimentos, bebidas no alcohólicas y transporte, refleja una presión económica que afecta a todos los sectores, pero castiga con mayor dureza a las personas de escasos recursos. Mientras los costos de la canasta básica se disparan, los ingresos de los más vulnerables permanecen estancados, reduciendo su capacidad para cubrir necesidades esenciales.
El poder adquisitivo de los bolivianos, especialmente de aquellos en situación de pobreza, se ve erosionado por esta inflación. Los hogares de bajos ingresos destinan la mayor parte de su presupuesto a alimentos y transporte, precisamente los rubros que más han subido. Por ejemplo, productos como el pan, la carne y las verduras han experimentado incrementos que superan el promedio inflacionario, lo que obliga a las familias a reducir porciones o eliminar productos de su dieta. Esta realidad no solo compromete la seguridad alimentaria, sino que perpetúa un ciclo de precariedad en el que el acceso a lo básico se convierte en un lujo.
A esta situación se suma la dinámica del mercado paralelo del dólar, que ha alcanzado los 12 bolivianos por unidad, frente al tipo de cambio oficial de 6,96. La brecha entre ambos tipos de cambio genera incertidumbre en los precios de los insumos importados, como fertilizantes, repuestos y medicamentos, que son esenciales para la producción y el consumo. Los importadores, al pagar más por los dólares en el mercado paralelo, trasladan esos costos a los precios finales, lo que provoca alzas que pueden variar incluso en cuestión de horas. Para los pobres, esta inestabilidad significa que planificar gastos diarios se vuelve una tarea casi imposible.
El sector informal, donde trabaja gran parte de la población de bajos ingresos en Bolivia, es particularmente vulnerable a estas dinámicas. Los vendedores ambulantes, artesanos y pequeños comerciantes no tienen la capacidad de absorber los aumentos de costos ni de negociar precios con proveedores que ajustan sus tarifas según el dólar paralelo. Como resultado, sus márgenes de ganancia se reducen, y muchos se ven obligados a subir precios o cerrar sus negocios, perdiendo su principal fuente de sustento. Esta presión económica refuerza la desigualdad, ya que los sectores más acomodados pueden amortiguar mejor el impacto.
La inflación también agrava la inseguridad alimentaria entre los más vulnerables. Con el alza de precios en productos básicos, muchas familias optan por alimentos más baratos pero menos nutritivos, lo que afecta la salud, especialmente de niños y ancianos. En un país donde la pobreza ya limita el acceso a servicios de salud, esta reducción en la calidad de la dieta puede tener consecuencias a largo plazo, como el aumento de enfermedades relacionadas con la malnutrición. Los programas sociales, aunque existen, no siempre logran compensar estas pérdidas en el poder adquisitivo.
La especulación, alimentada por la incertidumbre del dólar paralelo, exacerba el problema. Algunos comerciantes suben precios preventivamente, anticipando más alzas en el tipo de cambio o en los costos de reposición. Esta práctica, aunque comprensible desde la perspectiva de los negocios, golpea directamente a los consumidores de menores ingresos, que no tienen margen para absorber estos incrementos. La falta de regulación efectiva en los mercados locales permite que estas alzas se produzcan sin control, dejando a los pobres en una posición aún más precaria.
La brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo también fomenta una economía de desconfianza. Las personas de escasos recursos, que rara vez acceden al sistema bancario formal, dependen del mercado paralelo para pequeñas transacciones en dólares, como la compra de bienes importados en zonas fronterizas. Sin embargo, pagar 12 bolivianos por dólar en lugar de 6,96 encarece todo lo que adquieren, desde ropa hasta electrodomésticos básicos. Esta dinámica no solo reduce su capacidad de compra, sino que refuerza la percepción de inestabilidad económica.
A largo plazo, la inflación descontrolada y la dependencia del dólar paralelo podrían profundizar la desigualdad en Bolivia. Mientras los sectores más ricos pueden protegerse mediante ahorros en moneda extranjera o inversiones, los pobres carecen de estas opciones. La falta de políticas efectivas para estabilizar el tipo de cambio y controlar la inflación pone en riesgo los avances en reducción de pobreza logrados en décadas pasadas. Sin medidas urgentes, como el fortalecimiento de la producción local o la regulación de precios, los más vulnerables seguirán siendo los más castigados.
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