En una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, reveló que la Sala Plena resolvió blindar el sistema informático del Órgano Judicial con estrictos mecanismos de seguridad, luego de descubrirse que funcionarios de las oficinas de DDRR en Santa Cruz y Beni utilizaban credenciales de “superusuario” para registrar derechos propietarios sin autorización judicial.
“Cualquier modificación ahora deberá pasar exclusivamente por la Dirección Nacional de DDRR”, indicó Baptista, explicando que los nuevos candados tecnológicos impiden accesos extraordinarios y centralizan el control en la instancia nacional, que también ejerce funciones recaudadoras para el sistema judicial.
El escándalo derivó en un proceso penal en curso. A inicios de año, se aprehendió a al menos diez personas, tres de ellas funcionarios de DDRR en Santa Cruz, que fueron detenidos preventivamente y luego liberados. Baptista subrayó que el caso involucra a múltiples “superusuarios”, por lo que la investigación deberá esclarecer cuántos funcionarios participaron y bajo qué niveles de encubrimiento operaban.
La medida busca frenar un patrón de corrupción sistemática que vulnera la seguridad jurídica de la propiedad en el país. El Consejo anticipa que habrá sanciones ejemplares y una reestructuración del sistema para evitar que se repitan estas prácticas.
Redacción central
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