En un pronunciamiento emitido por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó al Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) a dejar de “involucrar a los Estados Unidos en las luchas internas de Bolivia”. El mensaje fue compartido a través de la red social X, donde se afirmó que el gobierno boliviano “sabe que sus acusaciones son falsas” y que Washington respalda firmemente la democracia y el Estado de derecho.
La reacción estadounidense se produjo horas después de que el Ministerio de Gobierno de Bolivia presentara el documental ¿Qué pasó el 26J?, una producción que apunta a una presunta relación entre actores diplomáticos estadounidenses y el general Zúñiga, principal protagonista de la intentona militar. En el audiovisual se sugiere, entre otras cosas, que la encargada de negocios de la embajada de EE.UU. en La Paz habría intentado reunirse con Zúñiga, además de señalar vínculos del colaborador Fernando Hamdan con el país del norte.
No es la primera vez que Washington rechaza su implicación en este episodio. Ya en julio de 2024, la entonces vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, negó tajantemente cualquier participación de Estados Unidos en los sucesos del 26J, calificando las versiones como “teorías infundadas” que solo buscan desviar la atención de los problemas internos de Bolivia. Esa postura se mantiene firme a la fecha, ahora reforzada por un nuevo pronunciamiento diplomático.
El uso de este tipo de acusaciones en la narrativa política del oficialismo ha generado debate en sectores analíticos y de la oposición boliviana, que observan en estas maniobras un intento de reposicionar políticamente al Gobierno en medio de una crisis de credibilidad. Mientras tanto, la tensión diplomática entre ambos países se reaviva, proyectando un escenario complejo para las relaciones bilaterales en un año marcado por desafíos democráticos en la región.
Redacción central y agencias
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