La reciente condena al expresidente del Perú, Ollanta Humala, a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, abre nuevamente el debate sobre la independencia judicial en América Latina. El caso ha generado comparaciones inevitables con Bolivia, donde la justicia sigue siendo blanco de fuertes cuestionamientos por su supuesta supeditación a intereses políticos.
Humala fue hallado culpable por haber recibido financiamiento ilícito de la constructora Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas electorales de 2006 y 2011. Su esposa, Nadine Heredia, también fue condenada, aunque obtuvo asilo político en Brasil y fue trasladada con salvoconducto, lo que generó una controversia diplomática.
En el Perú, este proceso judicial se desarrolló durante casi una década, respetando el derecho a la defensa, con acciones del Ministerio Público independientes del Ejecutivo y con participación del sistema judicial sin presiones visibles. La investigación fue parte del caso Lava Jato y contó con colaboración internacional, especialmente con Brasil.
En contraste, el panorama en Bolivia
Aunque la Constitución boliviana garantiza la independencia del Órgano Judicial (artículo 178), diversos informes de organismos internacionales como la CIDH y Human Rights Watch han cuestionado la aplicación de esta norma en la práctica. La elección de magistrados mediante voto popular, pero con preselección legislativa controlada por el oficialismo, aparentemente debilita la credibilidad del sistema.
Casos como el de la expresidenta Jeanine Áñez, detenida desde 2021 por cargos de terrorismo y sedición en el marco del denominado “Golpe de Estado I”, han sido señalados como ejemplos del uso político del sistema penal. En su caso, no se habría respetado el procedimiento constitucional de juicio de responsabilidades que exige aprobación legislativa prevista en los Arts. 161 y 184 de la CPE.
El uso reiterado de la detención preventiva como sanción anticipada, las demoras en juicios y la selectividad en la persecución penal, podrían revelar una justicia boliviana muchas veces instrumentalizada, en contraste con lo ocurrido en el Perú.
Justicia con o sin independencia
Ambos países reconocen formalmente la autonomía judicial y el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la diferencia está en la voluntad institucional y política de permitir que la justicia actúe con independencia.
Perú ha dado señales claras de que el peso de la ley puede alcanzar incluso a quienes ocuparon la presidencia. Bolivia, por su parte, sigue debatiendo el rol que debe jugar la justicia: si como garante del Estado de derecho, o como herramienta de control político.
Redacción central
Portada gentileza CNN
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