En medio de una profunda crisis económica marcada por la escasez de combustible, la falta de dólares, la inflación y el creciente desempleo, más de 60 organizaciones de los nueve departamentos de Bolivia, articuladas en el Comité Multisectorial, protagonizarán una marcha nacional el próximo 23 de abril. La concentración está prevista a las 06:00 en la Ceja de El Alto, desde donde los manifestantes se dirigirán a la Plaza San Francisco de La Paz.
Los organizadores, entre ellos gremios liderados por César Gonzáles, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), exportadores representados por Oswaldo Barriga y transportistas afectados por colas de hasta 24 horas por diésel, buscan entregar un pliego petitorio con exigencias concretas: abastecimiento de carburantes mediante importaciones privadas, libre exportación para generar divisas, derogación de normativas intervencionistas, avances en la industrialización del litio, austeridad estatal y respeto al calendario electoral de 2025.
Aunque los sectores evitan términos como “modelo capitalista” para no dividir el respaldo social, sus demandas —como la apertura de mercados, la liberalización de importaciones y la reducción de subsidios— apuntan hacia un cambio de paradigma. Esta orientación contrasta con el modelo estatalista del Movimiento al Socialismo (MAS), que durante casi dos décadas ha centralizado la economía boliviana en torno al control de recursos estratégicos y subsidios sociales.
El pliego fue trabajado durante nueve ampliados nacionales realizados desde 2024, lo que muestra un esfuerzo inédito por articular intereses dispares en una agenda común. El trasfondo es alarmante: una inflación anual del 9,97%, reservas internacionales por debajo de los 1.000 millones de dólares, un tipo de cambio paralelo que supera los 13 Bs/USD y un riesgo país que alcanzó los 2.190 puntos (JP Morgan, abril 2025). Para muchos analistas, la marcha refleja el agotamiento del modelo vigente y la presión por rediseñar las reglas del juego económico.
¿Puede el Gobierno responder?
La respuesta del Ejecutivo será clave. Algunas demandas, como la importación privada de combustibles bajo arancel cero, podrían tener un margen de viabilidad (40%) si se mantienen dentro del marco estatal. De hecho, en marzo ya se dieron pasos en esa dirección. Sin embargo, la escasez de divisas, derivada de la caída en exportaciones de gas y reservas, hace inviable un abastecimiento sostenido sin una reforma estructural del sistema de subsidios o del tipo de cambio, medidas que el Gobierno rechaza por sus altos costos políticos.
En cuanto a la flexibilización de las exportaciones, la probabilidad de concesiones puntuales es baja (20%), pues la rigidez del sistema cambiario y el control sobre las divisas siguen siendo pilares del modelo. El giro estructural hacia una economía más liberal, como reclaman los sectores, tiene probabilidades aún más reducidas (5-10%), dado el peso ideológico del MAS, el contexto electoral y la fragmentación interna del oficialismo.
Más allá de la marcha: ¿un punto de quiebre?
El impacto de la movilización dependerá de su magnitud, su capacidad de mantener la unidad y de conectar con el malestar ciudadano. Si logra paralizar sectores estratégicos o forzar un diálogo genuino, podría abrir la puerta a reformas limitadas. De lo contrario, su fracaso podría derivar en nuevas medidas de presión, como bloqueos o paros nacionales, profundizando la tensión política y económica del país.
La marcha del 23 de abril no solo será una movilización contra el hambre y la pobreza: será también un termómetro político. Porque, en última instancia, todo dependerá de la fuerza que logre articularse en las calles. Si es multitudinaria, el Gobierno podría no tener más opción que escuchar, ceder o, al menos, simular apertura para contener el desgaste. Pero si es dispersa, si las tensiones internas de los sectores la debilitan, entonces el oficialismo no solo sobrevivirá a la protesta: la convertirá en argumento de legitimación.
Lo que está en juego no es solo la atención a demandas urgentes. Lo que se mide aquí es la capacidad de los actores sociales para reorganizar el tablero más allá del MAS, más allá de Evo, y más allá del propio Gobierno. Lo que se mide, en definitiva, es si el país aún tiene músculo cívico para exigir otro rumbo.
Redacción central análisis
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