Mauricio Condori, un ciudadano paceño, recorre los mercados con su libreta en mano, anotando precios que no dejan de subir. “El mercado define los precios, no el Gobierno”, afirma con resignación, reflejando el sentir de miles que ven cómo su capacidad adquisitiva se erosiona día a día. La situación no es diferente en otras regiones: Carlos Agreda, comerciante en Santa Cruz, señala a los distribuidores por “jugar con la economía”, mientras que en Cochabamba, Doña Blanca Sarmiento lamenta que incluso productos esenciales como el papel higiénico hayan subido un 21% en tan solo una semana.
El Viceministerio de Defensa del Consumidor, bajo la dirección de Jorge Silva, ha redoblado operativos para controlar el agio y promover precios justos a través de tiendas como Emapa. Sin embargo, la percepción de ineficacia ha calado hondo. La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto ha exigido la renuncia de Silva, acusándolo de no proteger a la población frente a la especulación. A esto se suma un problema estructural: Bolivia importa más del 50% de los insumos de su canasta básica, mientras que el contrabando inverso drena productos subsidiados hacia países vecinos, agravando la escasez interna.
En este contexto, el debate sobre el incremento salarial se convierte en una pieza clave del rompecabezas. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia advierte que un aumento salarial podría desestabilizar aún más la economía. Por su parte, la Central Obrera Boliviana exige una compensación real frente a la inflación. Los expertos proponen un enfoque tripartito, en el que Gobierno, empresarios y trabajadores negocien un alza moderada indexada a la inflación (entre 5% y 7%).
Además, sugieren medidas concretas como sanciones más severas a mayoristas especuladores, mayor transparencia en la distribución de productos subsidiados, y reformas estructurales para reducir la dependencia de importaciones, fomentar la producción local y agilizar el acceso a divisas.
Mientras tanto, ciudadanos como Condori siguen ajustando sus presupuestos, buscando la forma de sobrellevar un día más en un país donde la economía se debate entre el control estatal, la especulación y la incertidumbre global. La solución, coinciden analistas, requiere más que operativos: exige voluntad política, coordinación entre sectores y reformas sostenibles que devuelvan algo de estabilidad al bolsillo de los bolivianos.
Redaccion central
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