La justicia paceña anuló la orden de aprehensión dictada por el juez Marcelo Cortez de Yapacaní contra el ministro Edgar Montaño, en el marco de un conflicto laboral con cerca de 300 extrabajadores de la extinta Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa). La decisión del Juzgado 10º Anticorrupción respondió a una acción de libertad presentada por el ministro, quien demostró que el Ministerio de Obras Públicas no figura como parte procesal en ese litigio.
El conflicto se originó en 2011 y gira en torno a una demanda por supuestas igualaciones salariales y otros beneficios, cuyo monto alcanza los Bs. 55 millones. Montaño calificó la orden judicial como arbitraria y denunció que se trata de una herencia de decisiones de la gestión de Evo Morales. En conferencia de prensa, aseguró que el Estado no puede ser obligado a responder por obligaciones de una empresa privada.
“No es un proceso laboral válido. Ellos se han inventado la igualación salarial. Vamos a iniciar acciones contra el juez Cortez por esta decisión que pretende forzar la participación del Estado en un conflicto ajeno”, señaló el ministro.
A pesar de que el Gobierno destinó Bs. 66 millones para el pago de beneficios sociales tras el cierre de Sabsa y el traspaso de operaciones a la estatal Naabol en 2022, más de 600 extrabajadores continúan sin recibir sus finiquitos. Esta situación ha desencadenado nuevas protestas, recursos judiciales y críticas al Ministerio de Trabajo por la lentitud en la resolución de los casos.
El fondo del conflicto gira en torno a una pregunta aún sin resolver: ¿debe responder el Estado por las obligaciones laborales de una concesionaria privada extinta, o corresponde exigir ese cumplimiento a los socios privados que administraron la empresa?
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