En octubre de 2024, el presidente Javier Milei avanzó con una de sus reformas más radicales: la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida, oficializada a través del Decreto 953/2024, forma parte de su cruzada por reducir el tamaño del Estado y liberar al sector privado como motor del crecimiento económico.
La AFIP, creada en 1996, había concentrado la recaudación de impuestos nacionales, los recursos de la seguridad social y el comercio exterior. Para Milei, el organismo simbolizaba la burocracia estatal que, en sus palabras, “se come la torta y deja migajas para los productores”. La nueva ARCA, bajo el Ministerio de Economía, promete un Estado más liviano, con un ahorro proyectado de 6.400 millones de pesos anuales, reducción del 34% en la estructura de gestión y sueldos topeados a niveles de ministros y secretarios.
El presidente libertario sostiene que los impuestos “son un robo” que asfixia la libertad y la productividad. Su objetivo declarado es eliminar más del 90% de los tributos nacionales y dejar apenas seis, devolviendo la autonomía fiscal a las provincias. En ese marco, la creación de ARCA representa un primer paso para simplificar y desburocratizar el sistema tributario.
Florencia Misrahi, ex titular de la AFIP, fue designada al frente de la nueva agencia. Andrés Gerardo Vázquez lidera la Dirección General Impositiva (DGI) y José Andrés Velis la Dirección General de Aduanas (DGA). Además, el gobierno desvinculó a más de 3.100 agentes contratados entre 2019 y 2023, eliminó complementos salariales históricos como la «Cuenta de Jerarquización» y fijó una escala salarial más baja para todo el personal.
El proceso de consolidación de ARCA todavía está en marcha. Su estructura definitiva debe definirse en un plazo de 60 días hábiles a partir de la publicación del decreto, mientras el organismo opera bajo los lineamientos funcionales de la antigua AFIP y centraliza la gestión de tributos y aduanas a través de www.argentina.gob.ar.
La disolución de la AFIP generó reacciones encontradas. Los seguidores de Milei celebran la medida como un avance hacia el Estado mínimo. Voces como la del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, consideran a ARCA una prueba concreta de que «se puede tener un Estado eficiente, pequeño y al servicio de la libertad económica». La caída de la inflación y el equilibrio fiscal logrado en 2024 refuerzan la narrativa oficialista.
En cambio, desde sectores opositores, advierten que una estructura más reducida podría aumentar la evasión tributaria y debilitar el financiamiento de servicios públicos esenciales. El sindicato AEFIP amenazó con medidas de fuerza, aunque no logró movilizar paros significativos. Analistas como Ricardo Panza (Universidad Nacional de Mar del Plata) ven detrás de la disolución no solo motivos de eficiencia, sino también la intención de evitar conflictos judiciales por los altos sueldos de los empleados de la AFIP.
Más allá del ahorro fiscal, persisten las dudas sobre la viabilidad del modelo. La presión tributaria proyectada para 2025 ronda el 22,9% del PBI, según estimaciones del IARAF, y especialistas advierten que, aun reduciendo impuestos, el Estado deberá garantizar la cobertura de servicios básicos como salud, educación y seguridad.
La transformación impulsada por Milei refleja su convicción de que el Estado debe limitarse a funciones esenciales y dejar de ser, como él mismo repite, un «ladrón de la libertad». Pero el verdadero desafío será sostener esa visión sin desfinanciar las bases de la estabilidad económica y social. El desempeño de ARCA en los próximos meses será clave para saber si el experimento libertario puede consolidarse o si, como advierten sus críticos, podría desmoronarse ante las exigencias de la realidad.
Por Manuel Rodríguez, analista invitado.
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