La reciente sentencia 007/2025 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, emitida el 14 de mayo de 2025, ha sido presentada como un paso firme hacia la consolidación democrática al limitar los mandatos presidenciales a dos períodos, continuos o discontinuos. Sin embargo, su legitimidad podría ser cuestionada si los magistrados que la firmaron continúan en sus cargos más allá del mandato constitucional de seis años establecido por el artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE).
El contexto de esta posible irregularidad se remonta a la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 y el Auto Constitucional 0113/2024, mediante los cuales el propio TCP justificó la extensión de los mandatos de magistrados cuyos períodos vencieron, argumentando la necesidad de evitar un vacío institucional. Esta extensión ha sido vista como una medida pragmática, pero también como una posible violación al artículo 183 de la CPE, que prohíbe la reelección inmediata y limita los mandatos a seis años.
Si bien la Ley N° 027 del TCP otorga a este órgano máximo poder interpretativo en asuntos constitucionales, incluyendo la facultad de extender sus propios mandatos para garantizar la continuidad del servicio, esta decisión ha generado críticas sobre su impacto en la independencia judicial y la separación de poderes. Además, el carácter definitivo de sus fallos, protegido por la presunción de constitucionalidad, dificulta cualquier intento de impugnación legal a nivel interno, creando un vacío de control que podría afectar la legitimidad de decisiones tan críticas como la sentencia 007/2025.
A nivel internacional, el fallo del TCP podría encontrar respaldo en la Opinión Consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que reafirma que la reelección indefinida no es un derecho humano. Sin embargo, cualquier intento de cuestionar esta sentencia ante la Corte IDH enfrentaría el obstáculo de que este tribunal no revisa directamente sentencias nacionales, sino violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que reduce las posibilidades de éxito en esta vía.
En el plano político, la sentencia ha sido interpretada como un golpe a las aspiraciones de figuras como Evo Morales, cuyo entorno podría usar la controversia sobre los magistrados autoprorrogados como argumento para deslegitimar el fallo, intensificando las tensiones dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) entre los sectores «evista» y «arcista». Esta dinámica podría transformar un debate jurídico en una crisis política de mayores proporciones, especialmente en un año electoral. Empero para efectos posteriores y una vez se eliga al restante de las autoridades judiciales del TCP, está instancia deberá ratificar la decisión a los fines de darle credibilidad a la decisión asumida.
Alberto Goytia, abogado constitucionalista
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