En una publicación reciente en el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), el jurista Darío Gonzáles aborda un tema crucial para la equidad fiscal: el impacto negativo que puede tener el uso abusivo de los requisitos formales en los procedimientos tributarios. A través de los institutos del exceso ritual manifiesto y el excesivo rigorismo formal, el autor evidencia cómo en muchos países de América Latina el apego extremo a la forma ha llegado a vulnerar garantías constitucionales de los contribuyentes.
Su planteamiento no es una crítica a las formas en sí, sino al uso desproporcionado y a veces arbitrario de requisitos procedimentales que, al no tener justificación razonable, terminan negando el acceso a la tutela judicial efectiva o al ejercicio de derechos legítimos. La experiencia de países como Argentina, Colombia, Ecuador y México demuestra que es posible compatibilizar la legalidad con la justicia tributaria, reconociendo que el fondo debe prevalecer cuando las formas se convierten en barreras innecesarias.
¿Y Bolivia?
El caso boliviano no escapa a esta problemática. Aunque el derecho administrativo reconoce la figura del “ritualismo inútil”, su aplicación dentro del campo tributario es aún incipiente y fragmentada. En la práctica, los contribuyentes bolivianos enfrentan obstáculos formales frecuentes que afectan el reconocimiento de sus derechos: desde la inadmisión de solicitudes por errores menores en formularios, hasta el rechazo de devoluciones impositivas pese a la existencia de documentación suficiente.
Por ejemplo, en el proceso de solicitud de devolución de crédito fiscal, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) muchas veces deniega el trámite por detalles formales subsanables, sin dar oportunidad de corregir o defender el fondo de lo solicitado. Este comportamiento termina trasladando la controversia a instancias administrativas o judiciales, lo cual genera una carga innecesaria para el sistema tributario y un desgaste económico para los contribuyentes.
Aunque la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) ha corregido algunos de estos excesos en sus resoluciones, su actuación es puntual y no tiene efectos vinculantes. Lo que Bolivia necesita es un marco normativo claro que reconozca de forma expresa estos institutos, y habilite a los servidores públicos de la administración tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales a priorizar la verdad material por sobre las inconsistencias meramente formales, cuando estas no afectan el fondo del derecho reclamado.
Hacia un sistema tributario más razonable
Como señala Darío Gonzáles, estos institutos no pretenden vaciar de valor a las formas, sino evitar que su aplicación rígida se convierta en un instrumento de injusticia. Incorporarlos de manera expresa en la legislación boliviana —en el Código Tributario o en la Ley de Procedimiento Administrativo Tributario— permitiría una gestión más eficiente, equitativa y razonable, alineada con los principios de justicia fiscal y buen gobierno.
Una reforma en esta dirección ayudaría a resolver miles de controversias innecesarias, desahogar los tribunales y —sobre todo— recuperar la confianza ciudadana en el sistema tributario, no como una estructura meramente recaudadora, sino como un componente clave de un Estado justo, eficiente y garante de derechos.
Es de esperar que alguno de los candidatos o partidos contemple una reforma con los argumentos señalados precedentemente, a los fines de que la administración tributaria sea más eficiente y que el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias de manera correcta.
Por Manuel Rodríguez, analista invitado
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