El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, encendió la controversia al señalar que algunas entidades financieras en Bolivia estarían implicadas en la venta irregular de dólares en el mercado negro, lo que estaría impulsando la especulación cambiaria y agravando la inflación que golpea a los consumidores.
Según Silva, esta sería una estrategia “premeditada” impulsada por sectores financieros y políticos para “asfixiar al gobierno” y generar malestar económico. “No es casualidad que el precio del dólar en el mercado paralelo supere ampliamente la cotización oficial. Hay actores que se benefician de esta distorsión y perjudican al pueblo”, aseguró.
ASOBAN niega y exige respeto al marco regulatorio
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) respondió de forma inmediata, rechazando “categóricamente” las afirmaciones del viceministro. En un comunicado oficial, la entidad afirmó que “las declaraciones carecen de sustento y desinforman a la población”, subrayando que todas las transacciones en moneda extranjera se realizan conforme a las normativas establecidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
“La banca opera con transparencia, dentro del marco legal y con supervisión constante. Las acusaciones infundadas dañan la confianza en el sistema financiero y no abonan a una solución constructiva frente al contexto económico actual”, señala el pronunciamiento.
Mercado paralelo y contexto económico tenso
El conflicto surge en un momento particularmente delicado para la economía boliviana. El aumento sostenido en la demanda de dólares, la dolarización de facto en transacciones cotidianas y el avance del contrabando han debilitado la efectividad de las políticas del Banco Central de Bolivia (BCB).
Aunque el tipo de cambio oficial se mantiene estable, el dólar paralelo se ha disparado en algunos mercados urbanos, provocando una mayor presión inflacionaria sobre productos importados y bienes básicos.
¿Discurso político o problema estructural?
Las declaraciones del viceministro Silva han generado dudas incluso entre analistas económicos, quienes consideran que, si bien pueden existir prácticas informales marginales, no hay pruebas concretas que respalden una participación directa y masiva del sistema bancario en el mercado negro de divisas.
“Reducir el problema cambiario a una conspiración de los bancos es políticamente útil, pero analíticamente pobre”, señaló un economista consultado por CalleBolivia.Com. “La inflación también responde a choques climáticos, restricciones a las importaciones y baja confianza en el boliviano como moneda de reserva”.
Tensiones sin resolver y necesidad de transparencia
La confrontación entre el gobierno y el sector financiero ocurre en un año con alto voltaje político, donde cualquier señal de desestabilización económica puede ser utilizada con fines electorales. Sin evidencia clara, las acusaciones de Silva podrían tener un efecto boomerang sobre la credibilidad gubernamental.
Hasta ahora, ni el Ministerio de Economía ni la ASFI se han pronunciado oficialmente sobre la existencia de investigaciones relacionadas con estas denuncias. Mientras tanto, el mercado de divisas sigue siendo un terreno minado, donde la incertidumbre y la desconfianza podrían agravarse si no se actúa con datos verificables y medidas institucionales claras.
Redacción central
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