Una empresa constituida en Paraguay, un régimen impositivo boliviano considerado «inviable» y acusaciones de sobreprecios que suman millones de dólares: el caso de Botrading S.A., subsidiaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ha desatado un torbellino de sospechas sobre la gestión de los recursos estatales en Bolivia. Esta investigación periodística, basada en documentos, testimonios y análisis del marco legal, revela cómo una estrategia diseñada para ahorrar costos en la importación de combustibles podría estar sirviendo como cortina de humo para eludir impuestos y fiscalización en Bolivia.
El origen de Botrading: una solución en Paraguay
En octubre de 2019, YPFB Refinación S.A., una filial de la estatal boliviana YPFB, creó YPFB Internacional S.A. en Paraguay, que luego pasó a llamarse Botrading S.A. Con un capital inicial de 300 millones de guaranís (unos $us 37.497), la empresa nació con un propósito claro: actuar como trader en el mercado internacional de combustibles, comprando y vendiendo hidrocarburos para abastecer a Bolivia. Según el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, esta maniobra permitió romper el monopolio de gigantes como Trafigura y Vitol, generando ahorros de $us 30 millones desde 2023.
La decisión de establecer Botrading en Paraguay no fue casual. El gerente de YPFB Refinación, Julio Camargo, explicó que el régimen tributario boliviano, regulado por la Ley 843, hacía inviable realizar operaciones de trading desde Bolivia. Impuestos como el IVA (13%), el Impuesto a las Transacciones (3%) y el Impuesto a los Hidrocarburos Derivados (IHD) encarecían las operaciones, mientras que Paraguay ofrecía un entorno fiscal atractivo: un impuesto a la renta del 10% y exenciones para actividades de trading que no involucran el ingreso físico de bienes al país. Además, Paraguay se ha consolidado como un hub logístico en la región, lo que facilitó la creación de la empresa.
Sin embargo, la estructura accionaria de Botrading levantó sospechas desde el inicio. Aunque YPFB Refinación controla el 99% de las acciones, el 1% restante se distribuyó entre dos abogados paraguayos: Sandra Otazú Vera, presidenta de la empresa, y Enrique Rivarola Gaona. Otazú, una abogada especializada en propiedad intelectual y socia fundadora del estudio jurídico Otazú, Weiler & Rivarola, asumió un rol protagónico, percibiendo un salario mensual de $us 5.500 como presidenta. Pero su negativa a declarar ante una comisión parlamentaria boliviana, argumentando que Botrading se rige por leyes paraguayas, encendió las alarmas sobre la transparencia de la operación.
Sobreprecios y opacidad: las acusaciones
Una investigación de la Cámara de Diputados de Bolivia, liderada por una comisión especial, destapó presuntas irregularidades en los contratos de Botrading con YPFB. Según el informe, en 2023 y 2024, Botrading facturó a YPFB con sobreprecios que suman $us 18,7 millones y $us 37,4 millones, respectivamente, en al menos 11 contratos de suministro de combustibles. La diferencia entre lo que Botrading pagó a proveedores internacionales y lo que cobró a YPFB sugiere márgenes de ganancia cuestionables, lo que ha llevado a acusaciones de daño económico al Estado boliviano.
La opacidad en las operaciones de Botrading agrava las sospechas. La empresa no ha hecho públicos sus estados financieros, y la participación accionaria de Otazú y Rivarola no ha sido plenamente esclarecida. Además, la designación de Omar Alarcón como gerente simultáneo de YPFB Refinación y Botrading, junto con la transferencia de acciones a costo cero entre accionistas minoritarios, plantea posibles conflictos de interés. «Esto huele a una estructura diseñada para evadir controles», afirmó un diputado de la oposición, quien calificó a Botrading como una «sociedad ficticia» creada para operar fuera del alcance de la Contraloría General del Estado.
¿Un régimen impositivo “inviable” o un pretexto?
El argumento central de YPFB para justificar la creación de Botrading es que el régimen tributario boliviano, con su carga de impuestos como el IVA, el IT y el IUE (25%), hacía imposible realizar operaciones de trading desde Bolivia sin incurrir en costos prohibitivos. En contraste, Paraguay ofrece un entorno fiscal más laxo, con exenciones que reducen significativamente los costos operativos. Pero, ¿es el sistema tributario boliviano tan coercitivo como para justificar esta maniobra, o se trata de un pretexto para eludir la fiscalización?
Expertos consultados coinciden en que el régimen tributario boliviano es rígido para actividades internacionales como el trading. «La Ley 843 no está diseñada para operaciones que no involucren el ingreso físico de bienes al país, lo que pone a Bolivia en desventaja frente a países como Paraguay», explica un analista tributario que prefirió mantenerse en el anonimato. Sin embargo, la falta de reformas para adaptar el sistema a estas necesidades sugiere una falta de voluntad política. «El gobierno depende de los ingresos fiscales para financiar subsidios y gasto público. Cambiar la Ley 843 implicaría un riesgo político y económico que el MAS no está dispuesto a asumir», agrega.
La alternativa de crear una subsidiaria en Paraguay fue una solución rápida, pero no exenta de críticas. La negativa de Otazú a rendir cuentas en Bolivia, amparada en la jurisdicción paraguaya, refuerza la percepción de que Botrading no solo busca evitar impuestos, sino también la supervisión de las autoridades bolivianas. «Si el objetivo era solo reducir costos, ¿por qué no reformar la normativa en Bolivia? La respuesta podría estar en la conveniencia de operar sin controles», cuestiona un exfuncionario de la Contraloría.
Un vacío jurídico y político
La creación de Botrading pone en evidencia un vacío jurídico en Bolivia. Mientras que YPFB tiene la facultad de crear subsidiarias en el exterior, estas empresas operan bajo jurisdicciones extranjeras, lo que limita la capacidad de fiscalización de la Contraloría y la Asamblea Legislativa. Este caso refleja un dilema más amplio: el sistema tributario boliviano, diseñado para maximizar ingresos en un contexto de crisis económica, puede estar empujando a empresas estatales a buscar refugio en países con regímenes más flexibles, pero a costa de transparencia y rendición de cuentas.
El gobierno boliviano, liderado por el MAS, enfrenta ahora un desafío: justificar los beneficios de Botrading frente a las acusaciones de sobreprecios y opacidad. Mientras Dorgathen defiende los $us 30 millones en ahorros, la investigación parlamentaria recomienda una auditoría de la Contraloría y posibles acciones penales. En Paraguay, Sandra Otazú Vera mantiene silencio, protegida por las leyes locales, mientras en Bolivia crece la indignación por lo que muchos ven como una maniobra para burlar el control estatal.
¿Hacia dónde va el caso?
El futuro de Botrading está en entredicho. La comisión parlamentaria ha solicitado que la Contraloría investigue los contratos y que el Ministerio Público evalúe posibles delitos como conducta antieconómica. Mientras tanto, el gobierno boliviano debe decidir si insiste en operar a través de subsidiarias extranjeras o aborda una reforma tributaria que permita a YPFB competir en el mercado internacional sin recurrir a estructuras opacas.
Este caso no solo expone las tensiones entre competitividad económica y transparencia, sino que también plantea una pregunta fundamental: ¿puede Bolivia permitirse un sistema tributario que, en su rigidez, empuja a sus propias empresas estatales a operar desde el extranjero? La respuesta, por ahora, sigue atrapada entre la necesidad de ingresos fiscales y las sombras de una operación que, lejos de aclararse, se vuelve cada vez más turbia.
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