En una sesión extraordinaria celebrada este 17 de junio de 2025, las máximas autoridades del Órgano Judicial —el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura— adoptaron decisiones clave para resguardar la independencia del sistema judicial, en un momento marcado por presiones políticas, desconfianza ciudadana y fallos controvertidos.
Nace el Observatorio para Precautelar la Independencia Judicial
Entre las principales medidas, destaca la creación del Observatorio para Precautelar la Independencia Judicial, una instancia que tendrá la misión de monitorear, alertar y denunciar cualquier intento de injerencia externa en las decisiones judiciales. El objetivo es claro: frenar la erosión de credibilidad y defender la autonomía frente a interferencias tanto políticas como institucionales.
El anuncio llega en un contexto donde la confianza ciudadana en la justicia boliviana ha caído a mínimos históricos, con apenas un 12% de respaldo, según las últimas encuestas nacionales. Las recientes denuncias contra el exministro de Justicia, César Siles —acusado de intentar influir en fallos judiciales— han avivado la indignación pública y acelerado la toma de decisiones.
Sanciones contra jueces que vulneren la competencia
Otra resolución relevante fue el inicio de procesos disciplinarios contra jueces que actúen sin competencia legal o contradigan líneas jurisprudenciales consolidadas. El caso más reciente involucra a un juez de Coroico, quien intentó destituir a la magistrada electa Fanny Coaquira, en un acto calificado como «irregular» por las autoridades del Órgano Judicial.
Estas acciones buscan frenar decisiones que generen caos jurídico y refuercen la percepción de impunidad o manipulación dentro del sistema.
Exigencia de un pronunciamiento del TCP
El Órgano Judicial también exigió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se pronuncie con claridad sobre las acciones legales que afectan a autoridades electas por voto popular en las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024. El pedido responde a fallos recientes de salas constitucionales en Pando y Beni, que declararon desiertas convocatorias electorales y generaron incertidumbre jurídica.
Este llamado busca restituir coherencia y previsibilidad al sistema judicial, especialmente cuando se aproximan las elecciones nacionales de agosto de 2025.
Redaccion central
Portada Presidente del Tribunal Supremo de Justicia Romer Saucedo
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