El deterioro del perfil financiero de Bolivia no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una serie de presiones acumuladas desde 2020. La deuda externa del país ya roza el 50% del PIB, empujada en parte por préstamos de alto compromiso con países como China. Esta carga no solo limita el margen fiscal del Estado, sino que también aumenta el costo del financiamiento externo.
Al mismo tiempo, las reservas internacionales netas (RIN) han descendido a niveles preocupantes, ubicándose por debajo de los 2.000 millones de dólares en 2024, según datos del Banco Central de Bolivia. Este descenso fue causado principalmente por la caída de los ingresos por exportaciones de gas, el principal producto de exportación del país. La falta de diversificación productiva ha vuelto al país vulnerable ante choques externos y a los vaivenes del precio internacional del gas natural.
El déficit comercial, sostenido durante los últimos años, y la falta de nuevos motores de crecimiento interno han contribuido a deteriorar la percepción internacional sobre la solvencia de Bolivia. Las agencias de calificación crediticia, como Fitch y Moody’s, han degradado sus notas para la deuda soberana, reflejando una menor confianza del mercado.
Aunque entre 2010 y 2014 Bolivia vivió una etapa dorada de bonanza económica, con un crecimiento del PIB entre el 4% y 5% anual y niveles récord de reservas, esa tendencia positiva se revirtió tras 2020. Solo en 2023, el índice de riesgo país experimentó un aumento del 175%, lo que refleja una percepción creciente de inestabilidad fiscal y económica.
De no tomarse medidas urgentes —como una renegociación de la deuda externa, la reactivación de exportaciones no tradicionales o la implementación de políticas para ampliar la base productiva nacional— Bolivia podría mantenerse atrapada en una zona crítica de riesgo país durante los próximos años.
Redacción central
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