Cochabamba, 1 de julio de 2025.
Un titular publicado en la portada del diario El Deber despertó fuertes reacciones políticas e institucionales. Con el encabezado “Reina la violencia sin ley en el trópico cochabambino”, el medio cruceño trazó una línea crítica sobre la situación de inseguridad y vacío estatal en esa región de Cochabamba, históricamente asociada al liderazgo del expresidente Evo Morales.
La nota de portada señala que la Policía Boliviana exige garantías para retornar al lugar, mientras que el Gobierno admite que el aeropuerto de Chimoré continúa tomado por comunarios y que las entidades bancarias no están operando con normalidad. Además, se hace referencia al ingreso reciente del Ministerio Público a Shinahota, tras varios días de resistencia comunitaria, para investigar los linchamientos de tres presuntos delincuentes. La cobertura sostiene que, en la zona, la justicia formal ha sido sustituida por mecanismos informales, y que prevalecen pactos de silencio frente a los hechos de violencia.
Pocas horas después de la difusión del titular, Evo Morales compartió la imagen de la portada en sus redes sociales, rechazando de forma categórica lo que calificó como una estigmatización contra el Trópico. En un comunicado, el líder del MAS denunció un presunto abandono deliberado del Estado, afirmando que desde las movilizaciones de junio se ordenó el repliegue policial sin que hasta ahora se haya restablecido el servicio.
“Nos dejaron sin acceso a bancos, al servicio de Identificaciones y, en algunos casos, incluso sin comunicación. Este abandono deliberado no solo es un incumplimiento de deberes, es una forma de castigo contra un pueblo digno que lo único que exige es respeto y garantías para vivir en paz”, declaró Morales.
El exmandatario también cuestionó lo que considera una lógica de persecución institucional: “Pareciera que solo envían policías cuando se trata de perseguirnos, no cuando se trata de garantizar la seguridad de las familias del Trópico”.
Fuentes gubernamentales consultadas previamente por El Deber explicaron que la decisión de replegar a la Policía respondió a riesgos para la integridad de los efectivos, luego de amenazas de linchamiento. En paralelo, la Fiscalía General informó que se están ejecutando operativos coordinados para restablecer el control del Estado y procesar a responsables de actos violentos bajo la figura de justicia por mano propia.
En distintos medios, analistas advierten que la crisis de autoridad en el Trópico refleja una tensión persistente entre estructuras comunitarias y la institucionalidad estatal, agravada por la ruptura entre Evo Morales y el actual Gobierno. La situación pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar seguridad jurídica y ciudadana en zonas donde el poder local ha adquirido lógicas propias de administración territorial.
El Trópico cochabambino ha sido desde hace dos décadas un enclave político y sindical del movimiento cocalero. El control del territorio, la administración de la justicia comunal y la presencia fragmentada del Estado son parte del debate estructural que ahora vuelve a escena con un titular que marca agenda.
Redaccion central
About Author
