En el contexto de las elecciones generales programadas para el 17 de agosto de 2025 en Bolivia, el periodismo enfrenta un escenario de creciente complejidad, marcado por la polarización política, el escrutinio público y una sostenida presión sobre su credibilidad e independencia. La reciente polémica protagonizada por el candidato presidencial Samuel Doria Medina, quien al ser abordado por periodistas respondió con la frase: “Ya no voy a poder cumplir, tanto tiempo que me joden”, ha encendido las alarmas en el gremio periodístico.
Tanto la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) como la Asociación de Periodistas de Chuquisaca (APCH) emitieron comunicados exigiendo respeto, transparencia y garantías para el ejercicio libre del periodismo. Consideran que expresiones como la de Doria Medina no solo son despectivas, sino que contribuyen a un ambiente hostil contra quienes desempeñan un rol fundamental en la vida democrática del país.
Este episodio no ocurre en el vacío. El periodismo boliviano opera en un entorno donde la división entre el oficialismo —fracturado entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales— y una oposición encabezada por figuras como Doria Medina y Jorge Quiroga, ha generado una narrativa en la que los medios son etiquetados como adversarios o aliados. Esta lógica de confrontación política ha derivado en descalificaciones públicas, presiones económicas, restricciones al acceso a la información y, en algunos casos, agresiones contra reporteros.
En tiempos electorales, estas tensiones se intensifican. Los candidatos, empeñados en controlar la narrativa pública, a menudo ven con sospecha a los medios que cuestionan sus promesas o decisiones. La ANPB y la APCH subrayan que esta actitud debilita el debate democrático y restringe el derecho ciudadano a una información completa, diversa y veraz. Su pronunciamiento no es solo una defensa corporativa, sino una advertencia sobre los riesgos de normalizar la hostilidad hacia la prensa en plena campaña electoral.
El incidente con Doria Medina —que algunos atribuyen al desgaste de una campaña intensa— evidencia una tensión más profunda: la fragilidad de la cultura democrática cuando se desprecia el rol del periodismo. Bolivia ha vivido episodios recientes de censura, estigmatización y autocensura, elementos que erosionan lentamente la libertad de prensa. Por ello, las asociaciones periodísticas llaman a todos los candidatos a comprometerse públicamente con el respeto irrestricto a los medios y sus trabajadores.
La campaña electoral de 2025 no solo definirá un nuevo gobierno, sino también la calidad del proceso democrático. En este contexto, el periodismo no debe ser visto como un obstáculo, sino como un puente entre las candidaturas y una ciudadanía que exige claridad, honestidad y acceso libre a la información. Proteger al periodismo es, en última instancia, proteger la democracia.
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