Durante la campaña electoral en Bolivia, numerosos candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional formulan promesas que exceden sus competencias constitucionales. La oferta de obras públicas, asfaltados o servicios directos a la ciudadanía refleja, en muchos casos, una preocupante confusión —intencional o no— entre las funciones legislativas y las ejecutivas.
En los últimos días, diversas candidaturas a diputaciones y senadurías han iniciado recorridos por barrios y comunidades del país, llevando consigo discursos orientados a la solución de demandas vecinales a través de propuestas que incluyen la construcción de hospitales, la pavimentación de vías o la creación de empleos mediante programas estatales.
Sin embargo, ninguna de estas tareas corresponde al rol que la Constitución Política del Estado (CPE) asigna a los legisladores nacionales. Los artículos 158 al 163 de la Carta Magna establecen con claridad que las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional son eminentemente legislativas y de fiscalización.
“Los diputados y senadores no tienen competencia para ejecutar obras ni gestionar programas públicos. Su labor principal es la elaboración de leyes, la fiscalización del Órgano Ejecutivo y la representación nacional”, explica el constitucionalista Carlos Jiménez.
Una institucionalidad ignorada en campaña
Prometer obras públicas sin tener la facultad de ejecutarlas puede interpretarse como un acto de demagogia, pero también revela un problema estructural en la cultura política boliviana: la confusión —en ocasiones alentada deliberadamente— entre los distintos niveles de gobierno.
En Bolivia, las competencias están distribuidas entre el nivel nacional, departamental y municipal. El Órgano Ejecutivo —encabezado por el presidente, ministros, gobernadores y alcaldes— es el único con capacidad administrativa y presupuestaria para ejecutar obras. Los legisladores, por su parte, no manejan recursos, ni poseen atribuciones ejecutivas.
La calidad del voto está estrechamente ligada a la calidad de la información que reciben los ciudadanos. En ese sentido, corresponde a los medios de comunicación, a las organizaciones civiles y a los propios votantes exigir que las campañas electorales respeten los límites institucionales de cada cargo.
Más que obras, los legisladores deben ofrecer leyes útiles, una fiscalización rigurosa y una representación ética. Lo demás es, simplemente, invadir competencias ajenas o engañar al electorado.
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