La afirmación de Morales, pronunciada desde la seguridad de su bastión político en el Chapare, no es solo una advertencia: representa un desafío directo a las autoridades electorales, al Tribunal Constitucional y, en última instancia, a la viabilidad misma del proceso democrático en Bolivia de cara a las elecciones generales de 2025.
El conflicto entre Morales y Arce ha dejado de ser un asunto interno del oficialismo. La fractura es ya de carácter nacional, y el mensaje del exmandatario busca posicionarse como una figura insustituible en el tablero electoral. Morales sostiene que su inhabilitación responde a una “persecución judicial y política” impulsada por el actual Gobierno, al que acusa de pactar con la derecha y utilizar a las instituciones para frenar su retorno al poder.
No obstante, su candidatura enfrenta un obstáculo legal de fondo: la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2023, que prohíbe la reelección indefinida, en línea con el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La autoridad electoral tendrá que resolver si Morales puede ser habilitado, una decisión que pondrá a prueba la independencia institucional del país.
La advertencia “sin Evo no hay elecciones” ha generado reacciones inmediatas en círculos políticos y jurídicos, donde se interpreta como una amenaza velada de boicot electoral o de desestabilización social. Morales busca convertir su exclusión en el eje de su campaña, y al hacerlo, pone a Bolivia frente a un escenario incierto, donde el Estado de derecho y la legitimidad del próximo proceso electoral podrían quedar en entredicho.
Redaccion central
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