El expresidente boliviano Evo Morales ha denunciado este jueves la apertura de un nuevo proceso penal en su contra, el número 16 desde que dejó el poder en 2019, y ha acusado al gobierno de Luis Arce de utilizar a la justicia como instrumento de persecución política. “Ni sumando todos los juicios que me hicieron en el periodo neoliberal se alcanza la cantidad de procesos que me ha iniciado el gobierno de Luis Arce”, escribió Morales en sus redes sociales, en una crítica directa al Ejecutivo del que él mismo fue impulsor y aliado.
La reacción de Morales surge tras conocerse que la Fiscalía General del Estado ha iniciado un nuevo proceso penal presuntamente vinculado a declaraciones emitidas por el exmandatario durante un ampliado en el Trópico de Cochabamba. Morales ha respondido con una batería de cuestionamientos que buscan redirigir el foco: “¿Por qué le preocupa tanto una declaración en un ampliado y no los graves hechos de corrupción que involucran a la familia presidencial?”, ha planteado. Además, mencionó la existencia de audios que vinculan a funcionarios del actual gobierno con el narcotráfico, el intento de magnicidio que él mismo denunció en 2023 y supuestas coimas para proscribir su candidatura.
Morales busca reposicionarse políticamente como una figura víctima de “lawfare”, una estrategia de guerra jurídica que, según él, busca inhabilitarlo de cara a las elecciones de 2025. La tensión con el presidente Arce, quien fuera su ministro de Economía durante más de una década, ha escalado a un nivel en el que ambas facciones se acusan mutuamente de deslealtad, corrupción y manipulación institucional.
En medio de esta disputa, la viceministra de Transparencia Institucional, Susana Ríos, confirmó que el Gobierno ha abierto una investigación preliminar sobre uno de los hijos del presidente Luis Arce, a raíz de una denuncia formal presentada por el diputado Enrique Urquidi. La acusación señala la presunta adquisición irregular de un predio productivo en Santa Cruz, valuado en más de tres millones de dólares, financiado a través de créditos del Banco Ganadero. Según los denunciantes, el hijo del mandatario no tendría el perfil económico necesario para acceder a ese tipo de operaciones.
“Este caso está en proceso de investigación. Se están recabando los informes pertinentes de distintas instituciones para proceder conforme a lo establecido”,
declaró Ríos ante medios nacionales.
“El presidente ha sido claro en su voluntad de no interferir en ninguna instancia investigativa. Desde el Gobierno garantizamos que se cumplan todos los procedimientos con responsabilidad.”
La viceministra evitó pronunciarse sobre plazos concretos y explicó que la etapa actual se limita a la recolección de datos de entidades como Derechos Reales y entidades financieras.
Mientras sectores cercanos al exmandatario denuncian una justicia selectiva, los voceros del Gobierno aseguran estar actuando con transparencia y apego a la ley. Sin embargo, la falta de avances visibles en los casos que involucran a figuras cercanas al poder complica la narrativa oficialista y da argumentos a quienes sostienen que la justicia boliviana responde a intereses políticos.
En este tablero político tenso y fragmentado, las denuncias cruzadas, las investigaciones a medias y los procesos judiciales adquieren una dimensión no solo jurídica, sino profundamente simbólica: cada imputación, cada silencio y cada declaración se convierte en una pieza más de la guerra por quién tiene la razón.
Redaccion central
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