El reconocido economista argentino Claudio Zuchovicki visitó hace unos meses la ciudad de Santa Cruz como invitado especial de la CAINCO. Frente a un auditorio empresarial atento y expectante, soltó una frase tan breve como contundente: “La poca seguridad jurídica quita valor a los bienes”. No fue un comentario aislado, sino parte de un diagnóstico profundo sobre las crisis económicas que sacuden a América Latina, donde los números rojos no se explican solo por inflación, déficit o dólar, sino por algo más estructural: la confianza en las reglas del juego.
Zuchovicki explicó que los activos —una casa, un terreno, una empresa, incluso un contrato— no valen únicamente por su ubicación, su productividad o su tamaño. Valen, sobre todo, por el contexto institucional que los rodea. Si ese contexto es inestable, si la ley puede cambiar mañana por decreto o por cálculo político, si el juez responde más al poder que a la Constitución, entonces todo pierde valor. No importa cuánto hayas invertido: el mercado descuenta riesgo. La inseguridad jurídica actúa como una forma silenciosa de devaluación. Y lo más grave es que castiga a todos por igual: grandes y pequeños, nacionales y extranjeros.
En Bolivia, esa advertencia no es una metáfora. La reciente prórroga de magistrados sin aval electoral, el estancamiento de las elecciones judiciales, los amagues de reformas legales exprés y la tendencia a gobernar por decreto alimentan esa sensación de que la ley se ha vuelto un instrumento político antes que un contrato social. Los efectos son visibles: menor inversión privada, proyectos congelados, propiedad agraria sujeta a disputas interminables, contratos que se renegocian según el humor del Estado. Todo eso deprecia los activos sin necesidad de que se mueva un dólar.
Zuchovicki dejó una lección incómoda pero necesaria. En economía, la confianza no es un intangible: es capital duro. Donde hay instituciones fuertes, previsibilidad y justicia independiente, los bienes se valorizan, el crédito fluye, los negocios prosperan. La paradoja latinoamericana es que seguimos obsesionados con atraer inversión mientras descuidamos las bases que le dan sentido: seguridad jurídica, respeto a la propiedad, división de poderes.
La frase del economista argentino cala especialmente en Bolivia, donde la discusión política gira en torno a nombres, candidaturas y rivalidades, pero rara vez se detiene a pensar en el valor económico de las instituciones. No hay futuro productivo posible si la ley es inestable. No hay riqueza duradera si cada contrato es un volado. La advertencia no es para los grandes empresarios, sino para cualquiera que tenga un negocio, una casa o simplemente expectativas. Cuando el poder cambia las reglas, lo que tienes vale menos. Y lo que podrías construir, tal vez ya no valga la pena.
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