La Paz, 22 de julio 2025.- En medio de un clima electoral marcado por promesas de cambio y revisión de políticas estructurales, el sistema de pensiones boliviano ha vuelto al centro del debate público. La discusión cobró fuerza luego de que algunos candidatos presidenciales plantearan posibles reformas al modelo actual, incluida la creación de nuevas administradoras de fondos de pensiones o una transformación del rol de la Gestora Pública. Ante ese escenario, la propia Gestora salió a pronunciarse con firmeza.
El gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, recordó que la Constitución Política del Estado (CPE) establece límites claros sobre el manejo de la seguridad social. “El parágrafo VI del artículo 45 de la CPE dice que los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados”, declaró Durán en conferencia de prensa. En ese sentido, subrayó que cualquier propuesta que implique delegar la administración de los fondos previsionales a actores privados, o eliminar la entidad estatal que actualmente los gestiona, sería abiertamente inconstitucional.
Durán también enfatizó que la seguridad social boliviana se rige por principios fundamentales como la universalidad, solidaridad, equidad, eficacia y unidad de gestión. “Sorprende que algunas personas que dicen conocer mucho sobre el sistema financiero no conozcan la Constitución Política del Estado. La base de todo lo que hacen las instituciones radica en la Constitución, y todos debemos respetarla”, remarcó.
Estas declaraciones llegan en un momento donde distintos actores políticos están presentando sus planes de gobierno, varios de los cuales abordan el tema previsional desde ángulos diversos. Manfred Reyes Villa, candidato por APB-Súmate, propone reformar el sistema de pensiones para garantizar que los trabajadores civiles accedan a una jubilación equivalente al 60 % de su salario, mientras que los uniformados mantendrían el 100 %. También sugiere revisar la edad de jubilación y permitir que la Gestora invierta los fondos previsionales en mercados internacionales, en busca de mejores rendimientos.
Samuel Doria Medina, por su parte, plantea una sostenibilidad de largo plazo de la Renta Dignidad y del sistema de seguridad social en general. Aunque rechaza la privatización, aboga por una racionalización del gasto público, el cierre de empresas estatales deficitarias y la aplicación de un nuevo pacto fiscal que redistribuya mejor los recursos. Para Doria Medina, mantener el carácter público de la seguridad social no impide modernizar su gestión bajo criterios técnicos y de transparencia.
Tuto Quiroga, candidato por Libre, se enfoca más en el entorno económico general que en la estructura misma del sistema previsional. Apuesta por liberalizar la economía, atraer inversión extranjera y tecnificar la administración pública. En ese marco, sugiere que la Gestora Pública podría ser modernizada para desempeñar un rol más eficiente y competitivo dentro del modelo estatal.
Rodrigo Paz Pereira, del PDC, no ha presentado una propuesta específica sobre pensiones, pero su discurso se centra en la formalización laboral, la reducción de impuestos y la descentralización fiscal. Un mercado laboral más formal podría tener impacto indirecto en el equilibrio financiero del sistema previsional, al ampliar la base de cotizantes.
A pesar de estas iniciativas, el marco legal vigente impone una restricción clara: el artículo 45 de la Constitución prohíbe expresamente cualquier forma de privatización o concesión del sistema de seguridad social pública. Esto significa que ninguna propuesta orientada a crear AFP privadas, eliminar la Gestora o establecer un modelo mixto puede implementarse sin una reforma constitucional.
Modificar la Constitución no es un proceso simple. Requiere primero la aprobación de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego la ratificación mediante un referendo vinculante. En otras palabras, aunque no es imposible modificar el sistema a futuro, cualquier intento de hacerlo debe ser ampliamente debatido, socializado y legitimado por la ciudadanía.
El debate no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia tras las denuncias en 2024 de que la Gestora habría utilizado recursos de los aportes previsionales para financiar bonos estatales. Aunque la entidad luego aclaró que dichas inversiones generaron ganancias para el fondo, el episodio dejó una huella de desconfianza entre parte de la población. A raíz de ello, surgieron voces que reclaman mayor transparencia, fiscalización ciudadana y eficiencia en la administración del dinero de los jubilados.
En este contexto, las propuestas de reforma al sistema de pensiones se tornan pertinentes no solo desde una lógica financiera, sino también política y social. El desafío consiste en equilibrar el respeto al marco constitucional con la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana, garantizar una jubilación digna y asegurar que el sistema sea sostenible para las futuras generaciones.
El debate está abierto. Lo que está en juego no es solo la administración de los fondos de pensiones, sino el modelo de bienestar social que el país quiere construir en las próximas décadas.
Por Juan Flores
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