Durante su discurso, Saucedo señaló que uno de los mayores retos actuales de la justicia es estar “a la altura del Bicentenario”, exhortando a no permitir que “intereses mezquinos ni personales cercenen la democracia”. Su mensaje buscó posicionar al TSJ como una institución autónoma, desligada de cualquier tutela política.
No obstante, sus declaraciones fueron rápidamente contrastadas con críticas como la del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien en reiteradas ocasiones ha cuestionado la legitimidad de las autoridades judiciales prorrogadas. “Mientras se siga encubriendo el bochorno de la ‘autoprórroga’ en el TCP, la celebración del Bicentenario quedará marcada por la crisis judicial”, advirtió Rodríguez.
Desde este ángulo, resulta contradictorio que se hable de independencia judicial cuando al interior del sistema aún operan figuras cuyos mandatos han sido prolongados sin respaldo electoral o institucional claro. Lejos de disipar dudas, el contexto refuerza la percepción de que aún existen sectores judiciales susceptibles al favoritismo político.
En lugar de discursos conmemorativos, el Bicentenario exige un cambio estructural que garantice a los ciudadanos una justicia imparcial, transparente y plenamente renovada.
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