Cochabamba, 14 de agosto de 2025 – Alan Lisperguer, exministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, fue aprehendido este jueves en Cochabamba por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad en su declaración jurada de bienes. La orden de detención, emitida por el Ministerio Público, se ejecuta ocho meses después de que el Viceministerio de Transparencia presentara la denuncia en enero de 2025, lo que ha desatado críticas por la demora en los procesos judiciales y financieros.
Según la investigación, Lisperguer —destituido por el presidente Luis Arce en enero— acumuló 43 depósitos bancarios que suman Bs 1.110.270,48 entre 2021 y 2024, cifras incompatibles con su salario como funcionario público, que osciló entre Bs 19.535 y Bs 21.556. Además, se detectaron nueve inmuebles, principalmente en Cochabamba, que no fueron declarados oficialmente.
El exministro, trasladado a La Paz para su audiencia cautelar, enfrenta cargos junto a su exasesor jurídico, Gabriel Alejandro Delgado, también investigado por incremento patrimonial injustificado. Lisperguer sostiene que los depósitos provienen de actividades privadas previas a su gestión y que los inmuebles forman parte de una herencia familiar ya regularizada.
La Fiscalía solicita su detención preventiva en el penal de San Pedro, alegando riesgo de fuga y obstrucción a la investigación. Este es el quinto caso de presunta corrupción que involucra a un ministro del gobierno de Arce, lo que ha encendido el debate sobre la ineficiencia y la burocracia que retrasan la justicia en Bolivia.
Para el analista financiero Juan Carlos Medina, “en casos con indicios tan evidentes, las instituciones deberían actuar con mayor celeridad; la lentitud en el intercambio de información entre bancos, la UIF y el Ministerio Público favorece la impunidad”.
La audiencia en La Paz será clave para definir el futuro procesal del exministro, mientras crece la presión por reformas que aceleren la lucha contra la corrupción.
Por Juan Flores para CalleBolivia
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