La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició en Bolivia una serie de reuniones con actores clave de las elecciones generales del 17 de agosto de 2025. Aunque estas citas forman parte del protocolo habitual de observación internacional, la elección de algunos interlocutores ha abierto debate y generado interpretaciones políticas en un contexto de alta desconfianza hacia las instituciones.
En los últimos días, el jefe de la misión, Juan Fernando Cristo Bustos, se reunió con el presidente Luis Arce y la canciller Celinda Sosa; con el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado Zamorano, y otros magistrados; así como con el binomio presidencial de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina y José Luis Lupo. También sostuvo un encuentro con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la máxima autoridad en materia electoral. Sin embargo, este último pasó casi inadvertido en la discusión pública, eclipsado por las reuniones con el TCP y con Doria Medina.
La cita con el TCP es el punto más sensible. Si bien en términos técnicos es habitual que la OEA dialogue con cortes constitucionales en los países donde observa elecciones —ya que estas pueden resolver recursos y controversias que inciden en el proceso—, en Bolivia el TCP enfrenta cuestionamientos de legitimidad por la prórroga de mandatos de sus magistrados, una decisión tomada por ellos mismos y rechazada por amplios sectores.
En cuanto a la reunión con Samuel Doria Medina, forma parte de la práctica de escuchar a todos los candidatos o binomios en competencia para conocer sus percepciones y denuncias. El problema, según algunos analistas, es que la visibilidad temprana de este encuentro, antes de conocerse la agenda completa de entrevistas con otros postulantes, alimentó la percepción de un trato preferente.
En realidad, el protocolo de observación de la OEA contempla encuentros con autoridades del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos electorales, partidos políticos, sociedad civil y medios de comunicación. Lo que falló esta vez no fue el procedimiento, sino la comunicación: la misión no aclaró de forma contundente que estos contactos no significan aval político, sino que son parte de una metodología estándar para obtener un panorama integral del proceso electoral.
En un escenario de polarización y desconfianza, la ausencia de esa explicación deja espacio para interpretaciones que pueden debilitar la credibilidad de la misión. En Bolivia, donde la legitimidad institucional es un tema delicado, la OEA deberá extremar la transparencia de su trabajo para que su presencia no alimente nuevas suspicacias, sino que refuerce la confianza ciudadana en las elecciones.
Redaccion central
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