La Paz, 19 de agosto de 2025. Rodrigo Paz no solo sorprendió en las urnas; ahora intenta romper un pacto no escrito de la política boliviana: el blindaje entre altas autoridades. A propósito del estilo frontal de su compañero de fórmula, el capitán Edman Lara, el candidato del PDC en segunda vuelta lanzó un mensaje que interpela a propios y extraños y apunta a la fibra sensible de la ciudadanía harta de la impunidad.
“Si el día de mañana Lara o cualquier otro hiciera algún daño al Estado, hay que denunciarlo; de igual manera con el presidente (…) No se junta presidente y vicepresidente para encubrirse”.
La frase es un golpe directo contra la cultura del encubrimiento que atravesó gobiernos de distinto color ideológico y que, en la era del MAS, se potenció con designaciones judiciales y fiscales que erosionaron la confianza en la justicia. Paz capitaliza el cansancio: promete que en su eventual administración no habrá pactos de silencio ni fueros informales para proteger a los suyos, ni siquiera a su vicepresidenciable. Es una apuesta ética que busca diferenciarse tanto del oficialismo caído en desgracia como de la derecha tradicional a la que Lara acusa de querer “volver a robar la patria”.
Pero el verdadero examen empieza fuera del micrófono. Sin Ministerio Público autónomo, Contraloría con dientes y un órgano judicial que deje de ser cuota de poder, cualquier promesa se evapora. Aquí encaja la advertencia del analista económico Jorge Torrez: si no se instala una cultura de servicio, se simplifican los procesos administrativos y se reivindica la justicia con nombramientos independientes, la puerta seguirá abierta para la discrecionalidad. La batalla, por tanto, no es solo moral; es institucional. De poco sirve denunciar si los trámites son laberintos hechos a medida de los corruptos o si los jueces responden al padrinazgo político.
El capital político de Paz y el magnetismo popular de Lara han reordenado el tablero, incluso en bastiones antes masistas. El binomio convirtió la indignación ciudadana en combustible electoral, mezclando narrativa de cambio con campaña a ras del suelo. La pregunta es si esa energía puede transformarse en reglas duraderas: concursos públicos transparentes para jueces y fiscales, auditorías que se publiquen sin filtro, trazabilidad digital de contratos y una política de denuncias que proteja al denunciante y castigue al corrupto, caiga quien caiga.
“No encubrir” puede ser el lema que marque un nuevo ciclo, pero solo valdrá si el ciudadano percibe que el poder se somete a la misma ley que exige. Si Paz sostiene esa vara con hechos —y no con excusas—, habrá una ruptura histórica; si no, el eslogan se convertirá en otro capítulo de promesas que se confesaron valientes en campaña y se hicieron cómplices en el gobierno.
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