La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, aseguró que en Bolivia no existen “presos políticos” y que en todos los casos vinculados a la crisis de 2019 se garantizaron los derechos al debido proceso y a la defensa.
“En Bolivia nunca ha habido presos políticos, siempre se ha respetado el derecho al debido proceso. Un ejemplo claro es el caso denominado Golpe I, donde la defensa del señor (Luis Fernando) Camacho presentó un recurso de inconstitucionalidad que paralizó el proceso. Lo mismo sucedió en el caso de la señora Jeanine Áñez”, sostuvo la autoridad.
Saravia remarcó que los procesos judiciales por los hechos de 2019 no responden a intereses políticos, sino a recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión contra la Tortura de la ONU, que sugirieron investigar y sancionar vulneraciones a los derechos humanos.
“Estos procesos tienen como base informes internacionales (…) Son hechos que no deben repetirse y no pueden quedar en la impunidad. La dignidad de las víctimas debe ser el centro de estos procesos”, recalcó.
En sintonía, el presidente Luis Arce recordó que a seis años de los trágicos acontecimientos que enlutaron al país, la justicia sigue siendo una deuda pendiente. “El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos exige una respuesta. Resulta incomprensible que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales, no reciban el debido tratamiento judicial”, expresó.
El mandatario hizo un llamado a los operadores de justicia para que actúen con objetividad y verdad, priorizando a las víctimas: “¡Memoria, verdad y justicia!”, concluyó.
Redaccion central
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