El paradero de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, sigue siendo un misterio mientras la Fiscalía mantiene vigente una orden de aprehensión en su contra. La atención ahora recae sobre la Policía Boliviana, cuya actuación —o inacción— marcará la diferencia entre el cumplimiento estricto de la ley y la sospecha de encubrimiento político.
Han pasado más de nueve días desde que la Fiscalía emitió la orden de detención contra Marcelo Arce en el marco de un caso de violencia familiar. Pese a la alerta migratoria activada para impedir su salida del país, no hay señales claras de su ubicación, lo que ha derivado en la posibilidad de activar sellos internacionales de Interpol.
La Fiscalía, además, declaró el caso en reserva para evitar filtraciones de información que puedan entorpecer la investigación. Sin embargo, el debate público ya no gira en torno a la reserva de la causa, sino a la eficacia con la que las autoridades ejecutan las decisiones judiciales.
El abogado penalista Yuri Torrico fue categórico al señalar que “la orden emitida por la Fiscalía es de cumplimiento obligatorio, y la Policía no puede excusarse en circunstancias políticas o administrativas”. Para Torrico, el verdadero desafío no está en la formalidad de los procedimientos, sino en la voluntad institucional de cumplirlos.
El caso se ha convertido en un termómetro de la independencia de las instituciones bolivianas. Si la Policía cumple con la aprehensión, reafirmará el principio de igualdad ante la ley. Si no lo hace, quedará la duda sobre una posible protección al hijo del presidente, debilitando la credibilidad en el sistema de justicia.
En un contexto político cargado de tensiones y cuestionamientos, el caso Marcelo Arce deja de ser un proceso judicial aislado y se transforma en una prueba de fuego para la Policía Boliviana. La ciudadanía y la comunidad internacional estarán observando si la ley se aplica con el mismo rigor, sin importar apellidos ni vínculos de poder.
Redacción central La Paz
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