El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que en septiembre de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,20 %. Según el reporte, algunos bienes importados —como televisores, productos de limpieza y artículos de tocador— habrían reducido levemente su precio, debido a la baja del dólar paralelo y la ausencia de bloqueos que encarecen la logística nacional.
Sin embargo, al recorrer los mercados y tiendas populares, la percepción es otra. Ángela Parra, comerciante de productos de limpieza en la zona norte de Cochabamba, muestra en su celular las listas de precios que recibe a diario: “Cada día cambian los precios, suben de peso en peso, nunca bajan. A veces ni el mayorista sabe cuánto costará mañana”, dice.
Su testimonio contrasta con las declaraciones oficiales. Y no es un caso aislado. En los mercados de Villa Fátima (La Paz), Los Pozos (Santa Cruz) y La Cancha (Cochabamba), los comerciantes reportan incrementos constantes en detergentes, aceites, jabones y productos de higiene importados, de entre 3 % y 5 % mensual, pese a los reportes de estabilidad en el tipo de cambio.
¿Por qué esta diferencia?
El INE realiza su relevamiento de precios en puntos fijos de las nueve capitales y El Alto, tomando como referencia una canasta urbana formal. Los precios se registran una vez al mes y sobre categorías genéricas como “detergente líquido importado de un litro”, sin diferenciar marcas, formatos o variaciones recientes de stock. En cambio, el comercio popular opera bajo dinámicas diarias, sujetas a fluctuaciones del tipo de cambio informal, transporte y oferta inmediata.
Este rezago metodológico genera un efecto estadístico: el indicador puede mostrar una baja en promedio, mientras que la población percibe aumentos reales en su compra cotidiana. La “inflación oficial” y la “inflación de la calle” se separan, reflejando dos Bolivias: la de los datos macroeconómicos y la del mercado real.
Para los economistas, esta brecha compromete la capacidad de respuesta de las autoridades. Si los gobiernos —nacional, departamentales y municipales— no disponen de mediciones más precisas y frecuentes, difícilmente podrán implementar controles efectivos o programas de alivio. “El dato tiene que servir para corregir la realidad, no para justificarla”, coinciden analistas.
De lo contrario, las cifras del INE quedarán solo para los informes y no para el ciudadano.
Mientras las estadísticas hablan de estabilidad, los bolsillos sienten lo contrario. Y cuando las cifras no alcanzan, la economía cotidiana se convierte en el verdadero termómetro del país.
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