La Alcaldía de Cochabamba, bajo la gestión de Manfred Reyes Villa, puso en vigencia la Inspección Vehicular Ambiental Municipal (IVAM) con el argumento de medir las emisiones de gases y reducir la contaminación urbana. Sin embargo, el entusiasmo inicial terminó empañado por las críticas ciudadanas, la presión de los transportistas y la ampliación del plazo de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2025.
El programa, creado mediante la Ley Municipal 1473/24, obliga a los propietarios de vehículos registrados en el municipio a realizar una inspección técnica en el Centro de Inspección Vehicular Ambiental Municipal (CIVAM), pagando entre Bs 70 y Bs 90 según el tipo de motorizado. Quienes no cumplan la norma podrían enfrentar multas de hasta Bs 1.000.
Lo que en el papel parecía una política ambiental, en la práctica se ha convertido en un nuevo motivo de tensión. Los cuestionamientos no apuntan solo al costo, sino a la falta de planificación regional: la norma solo aplica a vehículos inscritos en el municipio de Cochabamba, dejando fuera a miles de motorizados de Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya o Colcapirhua que circulan a diario en la ciudad.
“Mientras Cochabamba mide el humo, Sacaba lo respira igual”, ironizó un concejal opositor al debatirse la norma en el Concejo Municipal.
El problema de fondo no es la medición de gases, sino la ausencia de coordinación metropolitana. La calidad del aire y la gestión ambiental no se pueden reducir a una frontera administrativa. Sin acuerdos intermunicipales, los controles serán ineficientes y desiguales, generando más burocracia que beneficios reales.
La historia se repite. Reyes Villa, que ya enfrenta críticas por el manejo de los residuos sólidos y el colapso del botadero de K’ara K’ara, vuelve a demostrar una gestión reactiva y fragmentada, donde cada decisión parece una respuesta política más que una estrategia integral.
La inspección ambiental, al igual que la política de la basura, muestra un patrón: medidas unilaterales, débil diálogo interinstitucional y un enfoque más orientado al control que a la solución. La reciente ampliación del plazo no fue un gesto técnico, sino una retirada política ante la presión del transporte y el malestar ciudadano.
En redes sociales, la reacción fue inmediata: “No es inspección ambiental, es inspección municipal con fines de cobro”, escribieron vecinos indignados. La credibilidad ambiental del municipio vuelve a tambalearse, y con ella, la confianza en un proyecto que nació con la promesa de limpiar el aire, pero que hoy contamina la gestión.
Redacción central Cochabamba
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